La empresa me ha pagado dietas y gastos de locomoción, ahora tengo una inspección de Hacienda. ¿Quién tiene la obligación de justificar que los gastos de locomoción no son renta del trabajo?
Como es sabido, las dietas y asignaciones para gastos de viaje, como cualquier otra contraprestación pagada por la empresa, constituyen, a priori, rentas del trabajo. No obstante, cuando pretenden compensar los gastos que se producen por motivos laborales, se exceptúan de tributación, en las cuantías y condiciones reglamentariamente establecidas.
Protección de datos y Brexit: ¿Qué hacer si no se alcanza un acuerdo?
La Comisión Europea anunció el pasado 9 de enero de 2018 que a partir de las 00:00 horas del 30 de marzo de 2019, el Reino Unido (en adelante, UK) se clasificará como un “tercer país” a efectos del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD). Salvo que se alcance un acuerdo antes del próximo 29 de marzo de 2019.
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Inexistencia de incremento de valor en las transmisiones a efectos de la “plusvalía”
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha de 6 de noviembre de 2018, considera que no resulta procedente atribuir al interesado la carga de probar la pérdida patrimonial por medios distintos al de la exhibición de las escrituras públicas, ni exigir una prueba pericial para acreditar que se ha experimentado la minusvalía.
Requisitos para la responsabilidad por deudas del administrador
En el ámbito de la responsabilidad del administrador por deudas, el administrador responde de las deudas sociales posteriores a la causa de disolución, así como, en su caso, de las costas impuestas a la sociedad en el proceso de reclamación de dichas deudas.
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Empresas inmobiliarias: posible calificación fiscal como entidad patrimonial
La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante V1928-18 de fecha 29 de junio de 2018, considera que si una sociedad, cuya actividad principal es la promoción inmobiliaria para su venta, no tiene ninguna persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, la actividad de arrendamiento de inmuebles que pueda realizar no tendrá la consideración de actividad económica a los efectos del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS). En consecuencia, los inmuebles arrendados se considerarán no afectos a una actividad económica a efectos de determinar si la entidad consultante tiene la consideración de entidad patrimonial de acuerdo con el artículo 5.2 de la LIS.
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¿Qué ocurre cuándo no comunicamos en plazo el crédito que ostentamos contra un cliente declarado en concurso de acreedores?
De conformidad con el artículo 85.1 de la Ley Concursal, tras la publicación del edicto de la declaración en el concurso, tal y como dispone el artículo 23 de la Ley Concursal, los acreedores disponen de un mes, plazo que estipula el artículo 21.1.5º de la Ley Concursal, para comunicar a la administración concursal la existencia de sus créditos.
Con los créditos comunicados se elaborará la lista de acreedores, con la estructura y contenido que se recoge en el artículo 94 de la Ley Concursal, que será comunicada, por la administración concursal, con una antelación mínima de 10 días (5 días, en los concursos abreviados) previos a la presentación de la misma al Juez del concurso.
Pero que sucede si el crédito no hemos comunicado el crédito y/o no se recoge en la lista de acreedores.
¿Qué sucede con los bienes de la concursada no enajenados una vez concluido el concurso de acreedores?
Aunque con carácter general suele afirmarse que las sociedades de capital adquieren su personalidad jurídica con la inscripción de la escritura de constitución y la pierden con la inscripción de la escritura de extinción, esto no es del todo exacto.
Es una situación habitual que bienes y derechos de la concursada queden en titularidad y disposición de la sociedad disuelta, extinta, liquidada y cancelada dentro del concurso de acreedores (por carecer dichos bienes de contenido económico, o de mercado, o ser antieconómica su enajenación); y ello y ello tanto en escenarios de liquidación regular (artículo 152.2 de la Ley Concursal) como apresurada en casos de insuficiencia de masa (artículo 176bis.3 de la Ley Concursal).
Tributación de los servicios prestados por los socios dentro de la sociedad
La consulta nº V1732-18, de 18 junio de 2018, de la Dirección General de Tributos establece que:
1. Tratándose de una sociedad en la que la titularidad o el derecho de uso de los activos principales para el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social recae en la propia entidad, los socios que prestan servicios a la misma quedan excluidos del ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en la medida en que no concurre un elemento fundamental cual es la ordenación de medios propio.
2. Debe considerarse que los rendimientos satisfechos a los socios por el desarrollo de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad tienen la naturaleza de rendimientos de trabajo de los establecidos, con carácter general, en el artículo 17.1 de la LIRPF, si no concurren la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos.
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¿Podemos excluir de un concurso de acreedores una vivienda sobre hipotecada?
Lamentablemente es muy habitual encontrarnos, en los concursos de personas físicas, con inmuebles cuyo valor es inferior a la primera carga hipotecaria que pesa sobre los mismos; pudiendo, con cierta habitualidad, existir segundas y ulteriores hipotecas. El auto, de fecha 20 de junio de 2018, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona aborda esta situación y nos da las pautas de actuación.
Recordemos que la valoración del inmueble debe realizarse a valor de mercado, a efectos de determinar si el mismo se encuentra sobre hipotecado. Dado que lo dispuesto en el artículo 94.5 de la Ley Concursal no es el instrumento adecuado para establecer el valor de un bien, sino que es el instrumento para ponderar el alcance en el concurso del privilegio especial, por tanto, un acreedor con una garantía real previa puede encontrarse en el concurso con la calificación como crédito ordinario si la garantía carece de valor (por ejemplo segundas o terceras hipotecas).
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