Los terceros interesados tienen legitimidad para recurrir en las acciones de reintegración

Ningún precepto de la Ley Concursal niega legitimación a los coadyuvantes en los incidentes concursales para recurrir las sentencias recaídas en ellos. De una legitimación subordinada y limitada para entablar la acción no puede derivarse una falta de legitimación activa para recurrir.

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¿Cuándo se inicia el plazo de caducidad de la acción de impugnación del despido colectivo?

La demanda para la impugnación del despido colectivo debe presentarse en el plazo de caducidad de 20 días hábiles desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a las representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo. Se distinguen, pues, dos posibles momentos, el del acuerdo y el de la notificación, que, se corresponden con los dos posibles desenlaces del período de consultas que finalice con despido colectivo: acuerdo de la comisión negociadora, o decisión unilateral empresarial en caso de desacuerdo.

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¿Es siempre exigible una tasación oficial actualizada para proceder a enajenar un inmueble en un procedimiento concursal?

La Dirección General del Registro y Notariado (en adelante, DGRN) en su resolución de fecha 18 de enero de 2018 (BOE de 1 de febrero de 2018) hace un pormenorizado análisis de la tramitación del plan de liquidación, dictaminando que no es necesario la tasación oficial actualizada en las enajenaciones realizadas en la fase de liquidación.

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Procedimiento para el nombramiento de mediador concursal y comunicación de datos relativos al deudor

La escasa regulación sobre la comunicación, que el registrador mercantil o notario hace del nombramiento al mediador concursal para que este acepte el cargo, ha dado lugar a una práctica dispar no exenta de dudas, que en más ocasiones de las que sería deseable ha supuesto que se hayan frustrado desde el principio los procedimientos para alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos.

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Tener las contraseñas enganchada a la pantalla o al teclado te puede costar una multa de 8.000 € (y, mucho más a partir del 25 de mayo de 2018)

La “Autoritat Catalana de Protecció de Dades” (en adelante, APDCAT) en su resolución del procedimiento sancionador PS 22/2017 ha impuesto una multa de 8.000 € a una empresa por tener una dirección de correo electrónico (que se utilizaba para comunicarse con un cliente) y su correspondiente contraseña en una etiqueta enganchada a la pantalla de un ordenador. Continuar leyendo “Tener las contraseñas enganchada a la pantalla o al teclado te puede costar una multa de 8.000 € (y, mucho más a partir del 25 de mayo de 2018)”

¿Puede la AEAT realizar una comprobación de valores respecto a una subasta notarial?

Al contrario que en la subasta judicial, en la que el precio de adjudicación se considera en todo caso como valor real o precio cierto, en el caso de la subasta notarial no cabe atribuir esa cualidad y no hay obstáculo a que mediante la comprobación administrativa se determine el valor de mercado del bien.

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Protección de Datos: no responder adecuadamente al derecho de acceso puede costarte 40.001 € (a partir del 25 de mayo de 2018, muchísimo más)

La Agencia Española de Protección de Datos, en su resolución de 15 de febrero de 2018, ha impuesto una multa de 40.001,00 € a una empresa por no facilitar al afectado el acceso a los datos existentes en sus ficheros.

La persona afectada facilito en su solicitud de acceso un domicilio, a efectos de notificaciones, diferente al que constaba en los archivos de la empresa denunciada. La empresa denunciada respondió al domicilio que constaba en sus archivos (haciendo caso omiso de la comunicación recibida).

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No solicitar el concurso en plazo tiene consecuencias para el administrador social

El crédito contra el administrador social declarado en concurso, que responde solidariamente de las obligaciones sociales con base en el artículo 367 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), por una condena en costas impuesta a la sociedad administrada con posterioridad a la declaración en concurso del administrador social, es crédito contra la masa. Continuar leyendo “No solicitar el concurso en plazo tiene consecuencias para el administrador social”

La derivación de responsabilidad procede si existe causa de disolución, no por incurrir en una situación de insolvencia

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de los de Barcelona, en su Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2017, anula la derivación de responsabilidad acordada por la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante la TGSS) por no haber presentado concurso de acreedores.

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Derecho a la intimidad y a la propia imagen en los servicios de video llamada, del sector del call-center; para utilizar la imagen del trabajador no cabe el consentimiento genérico al firmar el contrato

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de fecha 15 de junio de 2017, declara que la empresa está legitimada para utilizar la imagen de sus trabajadores cuando el cliente requiera servicios de video llamada, lo cual exige el consentimiento del trabajador, sin que quepa un consentimiento genérico al firmar el contrato. Continuar leyendo “Derecho a la intimidad y a la propia imagen en los servicios de video llamada, del sector del call-center; para utilizar la imagen del trabajador no cabe el consentimiento genérico al firmar el contrato”