¿Qué ocurre cuándo no comunicamos en plazo el crédito que ostentamos contra un cliente declarado en concurso de acreedores?

De conformidad con el artículo 85.1 de la Ley Concursal, tras la publicación del edicto de la declaración en el concurso, tal y como dispone el artículo 23 de la Ley Concursal, los acreedores disponen de un mes, plazo que estipula el artículo 21.1.5º de la Ley Concursal, para comunicar a la administración concursal la existencia de sus créditos.

Con los créditos comunicados se elaborará la lista de acreedores, con la estructura y contenido que se recoge en el artículo 94 de la Ley Concursal, que será comunicada, por la administración concursal, con una antelación mínima de 10 días (5 días, en los concursos abreviados) previos a la presentación de la misma al Juez del concurso.

Pero que sucede si el crédito no hemos comunicado el crédito y/o no se recoge en la lista de acreedores.

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¿Qué sucede con los bienes de la concursada no enajenados una vez concluido el concurso de acreedores?

Aunque con carácter general suele afirmarse que las sociedades de capital adquieren su personalidad jurídica con la inscripción de la escritura de constitución y la pierden con la inscripción de la escritura de extinción, esto no es del todo exacto.

Es una situación habitual que bienes y derechos de la concursada queden en titularidad y disposición de la sociedad disuelta, extinta, liquidada y cancelada dentro del concurso de acreedores (por carecer dichos bienes de contenido económico, o de mercado, o ser antieconómica su enajenación); y ello y ello tanto en escenarios de liquidación regular (artículo 152.2 de la Ley Concursal) como apresurada en casos de insuficiencia de masa (artículo 176bis.3 de la Ley Concursal).

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Tributación de los servicios prestados por los socios dentro de la sociedad

La consulta nº V1732-18, de 18 junio de 2018, de la Dirección General de Tributos establece que:

1. Tratándose de una sociedad en la que la titularidad o el derecho de uso de los activos principales para el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social recae en la propia entidad, los socios que prestan servicios a la misma quedan excluidos del ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en la medida en que no concurre un elemento fundamental cual es la ordenación de medios propio.

2. Debe considerarse que los rendimientos satisfechos a los socios por el desarrollo de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad tienen la naturaleza de rendimientos de trabajo de los establecidos, con carácter general, en el artículo 17.1 de la LIRPF, si no concurren la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos.

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¿Podemos excluir de un concurso de acreedores una vivienda sobre hipotecada?

Lamentablemente es muy habitual encontrarnos, en los concursos de personas físicas, con inmuebles cuyo valor es inferior a la primera carga hipotecaria que pesa sobre los mismos; pudiendo, con cierta habitualidad, existir segundas y ulteriores hipotecas. El auto, de fecha 20 de junio de 2018, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona aborda esta situación y nos da las pautas de actuación.

Recordemos que la valoración del inmueble debe realizarse a valor de mercado, a efectos de determinar si el mismo se encuentra sobre hipotecado. Dado que lo dispuesto en el artículo 94.5 de la Ley Concursal no es el instrumento adecuado para establecer el valor de un bien, sino que es el instrumento para ponderar el alcance en el concurso del privilegio especial, por tanto, un acreedor con una garantía real previa puede encontrarse en el concurso con la calificación como crédito ordinario si la garantía carece de valor (por ejemplo segundas o terceras hipotecas).

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Las retenciones del IRPF correspondiente a los salarios o rentas devengadas con anterioridad a la declaración del concurso pero que se paguen o abonen con posterioridad a dicha fecha tendrán la consideración de créditos contra la masa

Debe distinguirse entre el nacimiento de la obligación tributaria principal, que en este caso tiene lugar con la realización del hecho imponible, y la obligación de retención, que es autónoma de la anterior, y nace en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes. Razón por la cual para conocer si el crédito correspondiente a la obligación de retener es concursal o contra la masa, hay que atender al momento en que se realice el pago de la renta.

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A vueltas con la calificación del crédito laboral en el concurso de acreedores

La declaración de concurso determina el tratamiento colectivo de los trabajadores, que quedan sometidos a la solución del concurso o convenio, con sus quitas, esperas, o liquidación, para cobrar en el orden establecido, debiendo los acreedores comunicar su crédito y ser reconocidos y clasificados como acreedores concursales.

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Actividad económica de arrendamiento de inmuebles: Hacienda no le gustan los contratos a tiempo parcial

La AEAT considera que la contratación de dos personas a tiempo parcial, que en total igualan o superan el número de horas de una persona empleada a jornada completa, no es válida para entender que la actividad de arrendamiento es actividad económica.

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Impuesto Sociedades: ¿Cuándo son gasto deducible los servicios prestados entre empresas vinculadas?

Aunque la sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 16 de febrero de 2017, hace referencia a los ejercicios 2006 y 2007, la normativa aplicable en la actualidad no ha sufrido modificaciones con respecto a la vigente en el ejercicio 2007; por lo que entendemos que la interpretación efectuada por la Audiencia Nacional es aplicable en la actualidad.

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El incumplimiento de un requisito formal no invalida el derecho a la devolución del IVA

La Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 20 de abril de 2017, se reafirma en la doctrina de que: sí cabe en sede de revisión admitir documentación no aportada en sede de gestión. La AEAT sostenía que al no haber sido aportada la documentación durante la tramitación del procedimiento de solicitud de devolución, sino una vez que el mismo había finalizado, procede la denegación de la solicitud de devolución del IVA.

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Los documentos exigidos para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de una deuda, deben ser válidos y eficaces en el momento de su aportación

El TEAC, en su resolución 7512/2015 de 27 octubre 2016, advierte que el concepto garantía suficiente establecido en la norma, abarca la suficiencia económica y jurídica, es por ello que los documentos han de tener validez, vigencia y estar actualizados a la fecha en la cual se tramita la solicitud de aplazamiento cuya deuda es objeto de garantía.

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