Actos perjudiciales contra la masa: ¿A quién corresponde la carga de la prueba?

La Audiencia Provincial de Madrid, sección 28, en su Sentencia de fecha 2 de diciembre de 2016 ha dictaminado que si queda acreditado que los actos impugnados son perjudiciales para la masa, deberán ser revocados con independencia de cuál haya sido la parte que proporcionó el medio que produjo el efecto probatorio.

El artículo 71 de la Ley 22/2003 de 9 julio 2003, Concursal, establece que una vez declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

El citado precepto establece una presunción iuris et de iure para actos de disposición a título gratuito, y también recoge tres supuesto a los que se aplica una presunción iuris tantum (apartado 3 del artículo 71).

Rigiéndose los supuestos a los que no es aplicable ninguna presunción por el apartado 4 del mismo artículo:

Cuando se trate de actos no comprendidos en los tres supuestos previstos en el apartado anterior, el perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria.”

La cuestión que plantea la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid es que para probar el perjuicio patrimonial pueden utilizarse aquellos medios de prueba aportados por cualquiera de las partes; basando su resolución en:

  1. El artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “…El precepto establece que los documentos privados cuya autenticidad no se impugne por aquel a quien perjudiquen harán “prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319”, esto es, en los términos establecidos para los documentos públicos…”; y
  2. La Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 12 de enero de 2012, cuando señala:

El problema de la carga de la prueba sólo surge en el supuesto de ausencia de elementos de juicio susceptibles de fundar la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes, dado que, en ese caso y por la prohibición del “non liquet”, se hacen necesarias unas reglas que permitan identificar a la parte sobre la que ha de recaer el perjuicio derivado de aquella falta de prueba.

Por ello mismo, la distribución de la mencionada carga sólo se infringe cuando, por no haberse considerado probados unos hechos que estaban necesitados de demostración, se atribuyen las consecuencias del defecto a quién, según aquellas reglas, generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le correspondía sufrir la imputación de la laguna o deficiencia probatoria – sobre ello, sentencia 376/2010, de 14 de junio -.

En definitiva, no cabe hablar de deficiente reparto del “onus probandi” cuando el Tribunal de instancia, tras la correspondiente valoración de los medios de prueba practicados, declara que los hechos controvertidos de que se trate han sido demostrados, con independencia de la parte que haya proporcionado el medio que produjo ese efecto“.

La obligación de quien alega el perjuicio patrimonial es probarlo, si no puede acogerse a las presunciones iuris et de iure o iuris tantum recogidas en el artículo 71 LC; para lo que podrá valerse de cualquier medio de prueba, admisible en Derecho, lo aporte quién lo aporte.

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