Administradores: responsabilidad en caso de insolvencia

En caso de que la sociedad esté incursa en causa de disolución por pérdidas, si los administradores no convocan en plazo legal la junta general que acuerde la disolución o en su caso el concurso, la posterior solicitud de concurso no les libera de la responsabilidad ya contraída por no promover oportunamente la disolución.

La normativa societaria (artículos 365 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante LSC) contempla la responsabilidad de los administradores motivada por el incumplimiento de determinadas obligaciones legales asociadas a los supuestos en que la sociedad está incursa en causa de disolución (artículo 363 LSC).

La consecuencia jurídica que se deriva para los administradores sociales que incumplen estas obligaciones, es la responsabilidad solidaria entre sí y con la sociedad de las deudas sociales frente a terceros.

La declaración de concurso de acreedores no exime de la posible responsabilidad por deudas sociales en que los administradores hubieran podido incurrir antes del concurso, sin perjuicio de que la declaración de concurso suspenda el ejercicio de esta acción de responsabilidad, de forma que si hubiera sido ya ejercitada y estuviera en tramitación, su efecto es la paralización del procedimiento hasta la conclusión del concurso (artículo 51 bis Ley Concursal).

La Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, en su sentencia de fecha 4 de noviembre de 2016 nos recuerda la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 15 de octubre de 2013, en la que se sustentan los anteriores comentarios:

La insolvencia y la concurrencia de pérdidas cualificadas son fenómenos distintos sin perjuicio de que puedan coincidir temporalmente.

Conviene aclarar por ello, tal y como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2013, que el estado de insolvencia no constituye, por sí, una causa legal que haga surgir el deber de los administradores de promover la disolución de la sociedad. No cabe confundir el estado de insolvencia y la situación de pérdidas que reducen el patrimonio neto de la sociedad por debajo de la mitad del capital social, siendo ésta una de las causas de disolución.

Añade la referida sentencia que es frecuente que ambas situaciones se solapen pero también puede ocurrir que concurra causa de disolución por pérdidas cualificadas y no por ello la sociedad esté incursa en causa de concurso. En estos supuestos opera el deber de promover la disolución. Y a la inversa, es posible que el estado de insolvencia acaezca sin que exista causa legal de disolución, lo que impone la obligación de instar el concurso, cuya apertura no supone por sí sola la disolución de la sociedad, sin perjuicio de que pueda ser declarada durante su tramitación por la junta de socios y siempre por efecto legal derivado de la apertura de la fase de liquidación (artículo 145.3 de la Ley Concursal).

Por lo demás, la reseñada sentencia del Tribunal Supremo precisa que lo anterior no significa que la declaración de concurso de acreedores exima de la posible responsabilidad por deudas sociales en que los administradores hubieran podido incurrir antes del concurso, sin perjuicio de que, tras la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, la declaración de concurso suspenda el ejercicio de esta acción de responsabilidad (artículo 50.2 de la Ley Concursal) y, si hubiera sido ejercitada y estuviera en tramitación, su efecto es la paralización del procedimiento hasta la conclusión del concurso (artículo 51.1.bis de la Ley Concursal).”

Para finalizar, debemos recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 14 de octubre de 2013, establece que:

La remoción de la causa de disolución de la compañía no extinguió la posible responsabilidad en que hubiera podido incurrir el administrador durante el tiempo en que incumplió el deber de promover la disolución, respecto de los créditos existentes entonces, pero sí evita que a partir del momento en que cesa la causa de disolución puedan surgir nuevas responsabilidades derivadas de aquel incumplimiento. Esto es, los acreedores de las deudas sociales surgidas después de que la compañía hubiera superado la causa de disolución, …, carecen de legitimación para reclamar la condena solidaria del administrador basada en un incumplimiento anterior.”

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *