¿Qué plazo dispone la Administración Tributaria para declarar la responsabilidad solidaria?

La obligación del responsable nace desde que se comenten los presupuestos de hecho que la LGT configura para delimitar la responsabilidad, y que son: devengo del hecho imponible, ocultación de bienes o derechos y acción u omisión del presunto responsable, sin que el lapso entre el acto de ocultación o transmisión y el inicio de las actuaciones tenga transcendencia.

En un procedimiento inspector, respecto del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007, iniciado el 30-12-2010 se declara responsable solidario al hijo de la administradora de la sociedad (en aplicación del artículo 42.2.a de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) al:

1. Haberse comprobado, en fecha 23-03-2016, la falta de patrimonio de la administradora (quién había sido declarada responsable subsidiaria en fecha 05-10-2013); y

2. El hijo ser beneficiario de una donación de inmuebles realizada en fecha 23-01-2009. Es decir, antes del inicio del procedimiento inspector, pero posterior al devengo del hecho imponible.

La cuestión que se plantea en la presente situación consiste en determinar si el período que transcurra entre el acto de ocultación o transmisión de los bienes, supuesto de hecho que conllevaría la aplicación del artículo del artículo 42.2.a) de la LGT por el que se declara la responsabilidad solidaria, y el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación que eventualmente pueda llevarse a cabo con posterioridad, cualquiera que sea ese período y sin perjuicio de la prescripción, es determinante para considerar la ausencia de la motivación necesaria para la aplicación del artículo citado al causante o colaborador.

El artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria señala:

2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. (…)

La Sala de lo Contencioso de Audiencia Nacional en su Sentencia de 20 de junio de 2014 (RJ 2014, 4238) (recurso de casación 2866/2012) estableció que son requisitos del supuesto anterior:

1. La existencia de una deuda tributaria del obligado principal que se encuentre liquidada en el momento de declaración de responsabilidad.

2. Ser causante o colaborar en la ocultación de bienes y derechos con la finalidad de impedir la traba por la Administración Tributaria, entendiéndose por ocultación “cualquier actividad que distraiga bienes o derechos ya sea por desprendimiento material o jurídico de estos, para evitar responder con ellos (…)”.

El TEAC en su resolución 4435/2016, de fecha 29-06-2017, considera que:

El nacimiento de la obligación del responsable regulada en el 42.2 a) LGT exige un deudor principal y la intervención de un tercero para ocultar los bienes que será el nuevo titular de los mismos; es decir, existe un deudor que pretende ocultar su patrimonio y se sirve de este tercero que incurre en el presupuesto de la letra a) del artículo 42.2 LGT. Pero para que se pueda declarar la responsabilidad es necesaria la realización de dos presupuestos de hecho: 1) el hecho imponible realizado por el obligado tributario principal, que supone el nacimiento de la obligación tributaria principal, y 2) la realización del presupuesto de hecho de la responsabilidad. Sólo la conjunción de ambos presupuestos permite el nacimiento de la obligación del responsable. Esta obligación nace ilíquida por lo que la Ley regula un procedimiento específico para liquidarla, o lo que es lo mismo, declarar la obligación del responsable.

Cabe recordar que el artículo 67.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece que:

El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal.

No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar. (…)

El TEAC, en su resolución de fecha 30-09-2015, ya se ha pronunciado sobre la interpretación de este precepto:

La declaración de responsabilidad del artículo 42.2.a) solo puede tener lugar una vez que la deuda del sujeto pasivo/obligado/deudor principal ha sido liquidada, estableciéndose el “dies a quo” del plazo para la declaración de responsabilidad de la siguiente forma:

1-Si el presupuesto de hecho del artículo 42.2.a) LGT se ha realizado antes de haber finalizado el plazo de pago en período voluntario del deudor principal, desde el día siguiente a la finalización de dicho plazo.

2-Si el presupuesto de hecho de la responsabilidad se realiza después de haber finalizado el plazo de pago en período voluntario del deudor principal, el plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar.”

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional confirmo este criterio, en su Sentencia de fecha 23-01-2017:

El deudor principal está obligado legalmente al pago de la deuda desde el nacimiento de la deuda tributaria, mientras que el responsable solidario, según se deduce del precepto antes transcrito, se hace tal a partir de conocer la expresada circunstancia y causar o colaborar en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado principal al pago, sin que sea necesario, por tanto, que exista un acto previo de reclamación individual.

Cuestión distinta es que quede demostrado el conocimiento de la existencia de una obligación principal.

En definitiva, es esencial para el nacimiento tanto de la responsabilidad subsidiaria como de la solidaria que la causación o colaboración en el vaciamiento patrimonial se produzca con posterioridad al nacimiento de la deuda para el deudor principal, en el primer caso, o para el responsable subsidiario, en el segundo, y no que se haya producido con posterioridad al momento en que dicha deuda haya sido reclamada formalmente o exigida mediante el procedimiento administrativo correspondiente, al deudor de primero y segundo grado, respectivamente.”

Es decir, la obligación del pago de la deuda nace, para el deudor principal, con la realización del hecho imponible, de forma que a partir de ese momento su patrimonio presente y futuro queda vinculado a la prestación asumida legalmente consistente en el pago de la deuda tributaria. Desde entonces, el deudor que realice operaciones de despatrimonialización puede incurrir en un ilícito y el causante o colaborador en ocultación puede ser consciente del fin ilegítimo de la operación. (…)Por lo que basta con que la deuda se haya devengado, sin necesidad a que se hubiera iniciado el periodo ejecutivo de la misma, para que pueda haber ocultación de la misma”

Pero debe estarse a cada caso concreto, pues esta doctrina se aplica en los supuestos de hecho en que los actos constitutivos del hecho imponible de la deuda tributaria principal y el acto de despatrimonialización son sucesivos en el tiempo, pero en el supuesto en que el hecho imponible constituya a su vez el acto de despatrimonialización será necesario probar la existencia de una acuerdo previo o plan de actuación que pretenda esta finalidad.”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *