Exclusión de socio profesional: nulidad del acuerdo

La sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en su Sentencia, de fecha 7 de julio de 2017, ha considerado nulo el acuerdo por el que una sociedad excluye a uno de sus socios profesionales cuando, en el transcurso de la junta, se le impide, de forma arbitraria o abusiva, expresar su opinión sobre el acuerdo y no se le informa de las causas que lo motivan.

La exclusión del socio se adopta como consecuencia de determinadas conductas que se imputan al mismo tales como: la emisión de diagnósticos contradictorios en presencia de pacientes; reclamación formulada por un paciente contra el demandante y; retrasos y cancelación de agenda, hechos cuya realidad no se cuestiona en el recurso, hasta el punto de afirmar que, en mayor o menor medida, el resto de los socios habían incurrido en las mismas conductas.

El artículo 93 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital reconoce a los socios, entre otros, los derechos de asistencia, información, voto e impugnación de los acuerdos sociales.

El derecho de asistencia lleva implícito el denominado derecho de voz en tanto que los acuerdos se adoptan previa deliberación.

Nada señala el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital sobre la forma de deliberar, siendo los estatutos los que deben regular el modo de deliberar y adoptar los acuerdos en los órganos colegiados de la sociedad (artículo 23 f del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

Del acta notarial de la junta y de la transcripción de la reunión resulta acreditado que se impidió al demandante dejar constancia por escrito, como permiten los estatutos, de su opinión sobre la propuesta de acuerdo a adoptar que consistía, precisamente, en su exclusión, por lo que, con mayor razón, se le debió dejar expresar su opinión.

No se discute que el presidente tiene la facultad de dirigir los debates y puede retirar a los socios el uso de la palabra, pero tal facultad no puede ejercitarse arbitrariamente o de forma abusiva, impidiendo al socio cuya exclusión se propone expresar su opinión sobre la misma y las causas que a su juicio motivaban el acuerdo.

Las alegaciones que pretendía efectuar el demandante, cuya exclusión era objeto de deliberación, no implicaban una manifestación abusiva o carente de finalidad legítima sino que se dirigían a justificar la inexistencia de las causas en que se fundaba la propuesta debatida, al ser otra la razón última por la que, en opinión del actor, se acordaba su exclusión, fuera o no así, pero esa era la postura del actor y sus alegaciones escritas, bastante concretas por otra parte, se dirigían a ponerlo de manifiesto. Por lo demás, el demandante ejercitó su derecho de información en la propia junta interesando expresamente aclaraciones para que se concretara la identidad de los pacientes sobre los que había vertido opiniones contradictorias, sin que se le facilitara porque el presidente manifestó que no disponía de esos datos en ese momento, sin que llegara a facilitarse dato alguno con posterioridad.

Los razonamientos anteriores determinan la estimación del recurso de apelación con revocación de la sentencia apelada para estimar la demanda y declarar la nulidad del acuerdo impugnado, de conformidad con los artículos 93 y 196 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por vulneración de los derechos de voz e información.

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