¿Pueden instalarse cámaras de video vigilancia en los servicios sin conocimiento de los trabajadores?

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla), en su Sentencia de fecha 22 de marzo de 2017, ha declarado que no se ha vulnerado el artículo 18.4 de la Constitución como consecuencia de la colocación, sin conocimiento ni consentimiento, de una cámara de videograbación en un cuarto de baño utilizado por los auxiliares para bañar a los residentes discapacitados ante las sospechas de posibles malos tratos.

La Sentencia nos recuerda que:

1.  Entre los derechos fundamentales y de las libertades públicas contenidos en la sección 1ª del capítulo 2º del Título I de la Constitución se encuentra la garantía constitucional del “derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” (artículo 18.1 y 4 de la Constitución), así como el denominado “derecho a la protección de datos de carácter personal” derivado de la garantía consistente en que “La Ley limitará el uso de los datos personales para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” (artículo 18.4 de la Constitución).

2. Como tiene establecido la doctrina constitucional (por todas, STC 29/2013, de 11 de febrero): “Está fuera de toda duda que las imágenes grabadas en un soporte físico… constituyen un dato de carácter personal que queda integrado en la cobertura del art. 18.4 CE , ya que el derecho fundamental amplía la garantía constitucional a todos aquellos datos que identifiquen o permitan la identificación de la persona y que puedan servir para la confección de su perfil (ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole) o para cualquier otra utilidad que, en determinadas circunstancias, constituya una amenaza para el individuo (STC 292/2000, de 30 de noviembre , FJ 6), lo cual… incluye también aquellos que facilitan la identidad de una persona física por medios que, a través de imágenes, permitan su representación física e identificación visual u ofrezcan una información gráfica o fotográfica sobre su identidad“.

3. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece en su artículo 6.1 el principio general de que el tratamiento de los datos personales solamente será posible con el consentimiento de sus titulares, salvo que exista habilitación legal para que los datos puedan ser tratados sin dicho consentimiento; y en el apartado 2, enumera una serie de supuestos en los que resulta posible el tratar y ceder datos sin recabar el consentimiento del afectado, entre ellos “cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento“.

4. La Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016 interpreta que “El deber de información sobre el uso y destino de los datos personales que exige la LOPD está íntimamente vinculado con el principio general de consentimiento para el tratamiento de los datos, pues si no se conoce su finalidad y destinatarios, difícilmente puede prestarse el consentimiento. Por ello, a la hora de valorar si se ha vulnerado el derecho a la protección de datos por incumplimiento del deber de información, la dispensa del consentimiento al tratamiento de datos en determinados supuestos debe ser un elemento a tener en cuenta dada la estrecha vinculación entre el deber de información y el principio general de consentimiento. La no exigencia de consentimiento en determinados supuestos tiene también repercusión en otro de los principios de la protección de datos, el denominado por el art. 4 LOPD, calidad de los datos. El art. 4.1 LOPD establece que “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido“. Debe existir, así, una relación directa entre la finalidad que justifica el fichero y los datos personales que se recaban y que afectan a los derechos de las personas“.

La cuestión se reconduce, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016, a comprobar si la medida restrictiva del derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, para lo cual es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes:

1) si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad);

2) si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y,

3) finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

En el presente caso la empresa tenía que vigilar la actuación del trabajador en el baño de los pacientes, ante las sospechas de malos tratos, siendo preferente el derecho de los pacientes, gravemente discapacitados, física y mentalmente, y que no podían pues quejarse de un posible maltrato, artículo 17 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El TSJ Andalucía considera que la actuación de la empresa supera el juicio de proporcionalidad, exigido por la antes citada sentencia del Tribunal Constitucional, al prevalecer el derecho de los pacientes al derecho del trabajador a no ser grabado sin su consentimiento o información previa; y consecuentemente declarando procedente el despido.

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