Los trabajadores pueden reclamar contra los administradores por los salarios no cobrados

Los administradores, de hecho o de derecho, que no han cumplido con lo dispuesto en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital son solidariamente responsables de las deudas contraídas por la Sociedad con posterioridad al incumplimiento. Esta responsabilidad solidaria alcanza a las deudas laborales, cuando el nacimiento de la obligación es posterior al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 367 LSC.

El artículo 367 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece que:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

El Tribunal Supremo ha interpretado, en repetidas ocasiones, que debe hacerse extensiva la responsabilidad de los administradores a los administradores de hecho, cuando en su actuación intervengan con las mismas facultades y atribuciones que los de derecho (STS 721/2012, de 4 de diciembre, así como en las más recientes 421/2015, de 22 de julio, y 224/2016, de 8 de abril).

En relación al nacimiento de las obligaciones laborales, hay que precisar que el concreto derecho de crédito a la indemnización por despido no nace con el contrato de trabajo. La contraprestación a la prestación de los servicios laborales es el salario (artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores), mientras que la indemnización por despido nace una vez que el mismo es declarado judicialmente improcedente y la empresa opta por la no readmisión (artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores).

La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 18 de julio de 2017, además de recordarnos los puntos que anteceden, dispone que:

“… las deudas no sean comerciales, sino laborales, no supone ningún impedimento para la condena solidaria de los administradores sociales, puesto que ni el artículo 105.5 LSRL, ni el artículo 262.5 LSA, ni el actual 367 LSC, exigen que las deudas tengan que ser comerciales, sino que hablan de deudas de la sociedad en general.

Hemos de tener presente que el FOGASA garantiza los salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario; con los siguientes límites:

1. Salarios: La cantidad máxima a abonar por el Fondo de Garantía Salarial, es la que resulta de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, con prorrateo de pagas extras, por el número de días pendientes de pago, con un máximo de ciento veinte días.

2. Indemnizaciones: La cantidad máxima a abonar es una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del Salario Mínimo Interprofesional, con pagas extras.

Recordemos que:

– Salario mínimo interprofesional diario para 2017 (SMI): 23,59 €

– Doble del SMI diario, con prorrateo de extras: 54,94 €

– Límite Salarios: 6.592,80 €

– Límite Indemnizaciones: 20.053,10 €

La citada Sentencia del Tribunal Supremo despeja el camino para que los trabajadores puedan exigir a los administradores sociales, de hecho o de derecho, el pago de las deudas laborales por la diferencia con lo abonado parcialmente por el FOGASA.

Para evitar esta responsabilidad los administradores sociales deberán, en el plazo de 2 meses desde que conocieron o debieron conocer la situación de insolvencia, convocar la Junta general para que adopte:

– Las aportaciones de los socios para restaurar el equilibrio patrimonial;

– El acuerdo de disolución; o,

– Si procediere, el concurso de acreedores de la sociedad.

 

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