No se requiere, en fase de liquidación, la autorización de la Junta de Accionistas para proceder a la venta de activos esenciales.

En el BOE, de fecha 20 de diciembre de 2017, se ha publicado la resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado que entiende que “… la apertura de la liquidación, no sólo faculta sino que impone al órgano de administración la enajenación de los bienes para pagar a los acreedores y repartir el activo social entre los socios…”

El apartado f del artículo 160 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece la competencia de la Junta de Accionistas para:

La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado

La controversia se centra en la determinación de si es de aplicación el anterior precepto en el caso de sociedades en liquidación que hayan adoptado el correspondiente acuerdo de disolución y liquidación en el seno de la Junta General y que por tanto, tengan como único objetivo el de, precisamente, la venta de sus activos y la liquidación de sus pasivos, para repartir, a continuación, el haber social.

La Registradora de la Propiedad de Córdoba nº 3 resolvió, a tenor de lo dispuesto en el artículo 511 bis.b (“Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad”) en relación con el artículo 160.f del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que en cualquier supuesto se requiere la autorización expresa de la Junta de Accionistas para enajenar un activo esencial.

La Dirección General de los Registros y del Notariado establece en su resolución que:

  1. El bien jurídico protegido por el artículo 160 no es otro que la continuidad de la actividad de la compañía evitando que, sin consentimiento de la Junta, los administradores puedan realizar actos que, de facto y sin pasar por los trámites legales, supongan finalmente la desaparición de la compañía o su transformación sin el debido respeto a los derechos de las minorías por la vía de la trasmisión de lo que se denomina en el apartado f de dicho precepto activos esenciales.; y
  2. Por ello, tal cautela carece de justificación en caso de enajenaciones que no son sino actos de realización del nuevo objeto social liquidatorio. Es la norma legal la que, con la apertura de la liquidación, no sólo faculta sino que impone al órgano de administración la enajenación de los bienes para pagar a los acreedores y repartir el activo social entre los socios (artículo 387 de la Ley de Sociedades de Capital, sin que constituya óbice alguno a esta conclusión lo dispuesto en el artículo 393 de la misma Ley).

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