Derecho a la intimidad y a la propia imagen en los servicios de video llamada, del sector del call-center; para utilizar la imagen del trabajador no cabe el consentimiento genérico al firmar el contrato

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de fecha 15 de junio de 2017, declara que la empresa está legitimada para utilizar la imagen de sus trabajadores cuando el cliente requiera servicios de video llamada, lo cual exige el consentimiento del trabajador, sin que quepa un consentimiento genérico al firmar el contrato.

Introducción

La Sala admite, aunque declara la nulidad de la cláusula genérica introducida en los contratos de trabajo, que la empresa está legitimada para destinar a sus trabajadores a servicios de video llamada, en los que es inevitable la cesión de la imagen del trabajador, porque dicha circunstancia no exime del consentimiento expreso del trabajador, que no se colma mediante un consentimiento genérico al iniciarse la relación laboral, puesto que los servicios de video llamada son uno entre los múltiples objetos del contrato, habiéndose demostrado que en la empresa es absolutamente marginal, sino que deberá obtenerse al destinarse a ese tipo de servicios, que es el momento adecuado para la emisión del mismo.

Posición de la empresa

La empresa defendió que si sus clientes requieren servicios de video llamada no queda más opción que la cesión de imágenes de los trabajadores afectados, siendo ésta la razón por la que se pacta con ellos la cesión de su imagen en los contratos de trabajo.

Matizó, no obstante que, cuando se requieren actividades promocionales de determinados servicios, se solicita consentimiento expreso del trabajador, sin que se hayan producido quejas hasta la fecha.

Advirtió, por otro lado, que la empresa tiene únicamente dos contratos, que requieren la utilización de video llamadas, que se ejecutan por quince trabajadores, habiéndose dado información a la representación legal de los trabajadores.

Señaló finalmente que la Agencia de Protección de Datos en su informe 190/2009 dejó perfectamente claro que no es exigible el consentimiento del trabajador, cuando la cesión de su imagen es necesaria para cumplimentar el objeto del contrato de trabajo (al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.2.c de la LOPD).

No obstante lo anterior, el Ministerio Fiscal interesó la estimación de la demanda, porque consideró que la cesión generalizada de imágenes, impuesta por la empresa demandada al formalizarse los contratos de trabajo, no era razonable ni proporcionada, puesto que suponía una especie de “cheque en blanco”, que no se justificaba por la demanda de los servicios prestados.

Conclusión de la Sala

Resumiendo, es totalmente legítimo que la empresa exija a sus trabajadores la realización de servicios de video llamada, cuando el servicio pactado con el cliente lo requiera, lo cual comportará necesariamente que entre en juego la imagen de los trabajadores afectados, puesto que, si no cedieran su imagen, no podría activarse la video llamada con terceros.

Ahora bien, el hecho de que sea necesaria la cesión de la imagen de los trabajadores para la realización de este tipo de servicios no exime del consentimiento expreso de los trabajadores, puesto que los servicios de video llamada, como hemos visto, son una de las múltiples funcionalidades del telemarketing, que es absolutamente minoritaria en la empresa, como demuestra que, a día de hoy, la desempeñan quince trabajadores en un colectivo de 6000, lo cual nos permite concluir no es absolutamente imprescindible para el cumplimiento del objeto del contrato, puesto que se utiliza, al menos hasta ahora, de manera absolutamente excepcional.

Así pues, una vez aclarada la necesidad del consentimiento de los trabajadores para la cesión de su imagen, debemos resolver, a continuación, si la utilización por la empresa de una cláusula tipo, impuesta al comenzar la relación laboral, colma la exigencia legal del consentimiento, a lo que vamos a anticipar una respuesta negativa, por cuanto ese mecanismo ha sido recusado por la jurisprudencia (por todas la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de septiembre de 2015).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *