¿Puede la AEAT realizar una comprobación de valores respecto a una subasta notarial?

Al contrario que en la subasta judicial, en la que el precio de adjudicación se considera en todo caso como valor real o precio cierto, en el caso de la subasta notarial no cabe atribuir esa cualidad y no hay obstáculo a que mediante la comprobación administrativa se determine el valor de mercado del bien.

Existe numerosa doctrina jurisprudencial que manifiesta que en las subastas públicas notariales, judiciales o administrativas, el precio de adjudicación es, por imperio de la ley, el valor real, coincidente con el precio cierto o verdadero, por lo que no es posible sustituirlo por otro distinto superior o menor fijado mediante comprobación administrativa. En este sentido, destacamos las sentencias de 5 de octubre de 1995, de 19 de noviembre de 1.996, del Tribunal Supremo, que señala que “la intervención judicial en una adjudicación por subasta ha de considerarse garantía suficiente de la realidad del valor de bien así trasmitido y de la innecesariedad, por tanto de la comprobación administrativa de valores, cuya finalidad no podía ni puede ser otra que la de conocer el verdadero precio cuando existe duda de la certeza del manifestado por los obligados tributarios en los correspondientes instrumentos públicos o privados.”; la sentencia de 15 de julio de 1.998, del Tribunal Supremo, la sentencia de 17 de diciembre de 1.997, del Tribunal Supremo, etc., que han establecido el criterio de la improcedencia de la comprobación en los casos de transmisión por subasta pública, al ser tal procedimiento el más adecuado para determinar, por la ley de la oferta y la demanda, el valor real del bien transmitido, y más recientemente y en la misma línea, las de 18 de Octubre de 1.999, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que señala que “En los casos de subastas, el valor real únicamente puede ser el alcanzado en las mismas. Por tanto, el valor alcanzado en la subasta es el valor de mercado y ya no puede ser revisado por la Administración.” y de 25 de enero de 2.002, del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

No obstante lo anterior, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en su Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2017, ha señalado que:

1.  La subasta pública es un procedimiento de enajenación forzosa de los bienes o derechos del deudor, que lleva a cabo el Juez, como participe de un Poder del Estado, o la Administración Pública dentro de sus prerrogativas ejecutivas, o un Notario en el ejercicio de la fe pública. Este procedimiento tiene por objeto lograr el mayor precio posible, para así pagar al acreedor ejecutante. La subasta pública cumple formalmente los requisitos de transparencia, publicidad, generalidad y libertad, propios del libre mercado e incuestionablemente el precio de adjudicación así determinado es el valor real o verdadero de la adquisición del bien o derecho de que se trate. Cuestión distinta es si esta modalidad de mercado cumple o no realmente, en algunas ocasiones, los requisitos propios del libre mercado.

2. En una subasta notarial, que se lleva a cabo, no en el seno de un procedimiento de enajenación forzosa (como ocurre en el caso de un procedimiento ejecutivo extrajudicial), sino por libre voluntad del enajenante, fijándose por éste las condiciones de la subasta, deberán examinarse las mismas y sólo en el caso de que se cumplan los anteriores requisitos podría concluirse la aceptación inexorable del valor de adjudicación como valor de mercado.

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