¿Es siempre exigible una tasación oficial actualizada para proceder a enajenar un inmueble en un procedimiento concursal?

La Dirección General del Registro y Notariado (en adelante, DGRN) en su resolución de fecha 18 de enero de 2018 (BOE de 1 de febrero de 2018) hace un pormenorizado análisis de la tramitación del plan de liquidación, dictaminando que no es necesario la tasación oficial actualizada en las enajenaciones realizadas en la fase de liquidación.

La Ley atribuye al administrador concursal el diseño originario de cómo liquidar pero, según la Ley Concursal, ese plan de liquidación elaborado por la administración concursal queda de manifiesto en la oficina judicial para que el concursado, los acreedores concursales y los representantes de los trabajadores (si es que se encontrasen vigentes relaciones laborales) puedan formular “observaciones” o “propuestas de modificación” (artículos 148.2, inciso primero, y 148.3 de la Ley Concursal). La legitimación corresponde exclusivamente a dichas personas. Con el término “observaciones” alude la Ley a aquellas consideraciones que adviertan sobre los eventuales defectos o insuficiencias del plan, sin redacción de reglas o sin modificación de las que figuren en ese plan presentado por la administración concursal, dejando al juez, en el caso de que considere fundadas esas “observaciones”, la tarea de confeccionar esas reglas. Con la expresión “propuestas de modificación” parece referirse la Ley a aquellos textos alternativos o complementarios que, con la oportuna justificación, presente cualquiera de los legitimados.

Esas “observaciones” y esas “propuestas de modificación” no pueden desvirtuar por completo el plan elaborado por la administración concursal. En ese sentido, bajo el manto de pretendidas simples “propuestas de modificación”, no cabe que los legitimados presenten un “plan de liquidación alternativo”.

Una vez transcurrido el plazo para que el concursado, los acreedores concursales y los representantes de los trabajadores presenten “observaciones” o “propuestas de modificación”, el juez, según estime más conveniente para el “interés del concurso”, procederá a aprobar el plan “en los términos en que hubiera sido presentado, introducirá en él modificaciones o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias” (artículo 148.2, inciso segundo, de la Ley Concursal). Aunque este texto quizá no sea suficientemente explícito, en la aplicación de la Ley se considera, sin género de dudas, que el juez, háyanse o no presentado “observaciones” o “propuestas de modificación”, puede modificar el plan de liquidación elaborado por la administración concursal.

La Ley Concursal no ha previsto la modificación del plan de liquidación una vez aprobado, sea para alterar alguna de las reglas que figuraban en él, sea para completarlo evitando la aplicación de las reglas legales supletorias. Pero, cuando concurra causa justificada, la práctica, para facilitar la liquidación, admite sin reparos esas modificaciones, si bien con observancia de las mismas reglas establecidas para la aprobación del plan: propuesta de la administración concursal, puesta de manifiesto de la propuesta durante quince días para que el concursado, los acreedores concursales y los representantes de los trabajadores puedan formular “observaciones” o “propuestas de modificación” y aprobación de la modificación por el juez del concurso (a su vez, con o sin modificaciones), mediante auto, si así lo estima conveniente para el “interés del concurso” (artículo 148.2 de la Ley Concursal).

La Ley Concursal no prevé que el plan de liquidación se deposite o se inscriba en el Registro Civil o en el Registro Mercantil, según el carácter civil o mercantil del deudor (artículos 24.1 y 24.2 Ley Concursal) ni tampoco en los Registros de bienes en que figuren inscritos bienes o derechos de la masa activa. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, la publicidad registral está prevista para el auto de aprobación del plan de liquidación (artículo 24.2 Ley Concursal), pero ese auto puede reproducir o no el plan que se aprueba con o sin modificaciones.

Cuando el auto aprobatorio del plan lo reproduzca íntegramente, el registrador podrá conocer ese plan si el auto se hubiera protocolizado como anejo en la escritura de compraventa del bien o del derecho. En los demás casos, será necesario aportar el correspondiente testimonio: la calificación del título presentado a inscripción exige que el registrador tenga a la vista el plan aprobado, sea el originariamente presentado por la administración concursal, sea el modificado por el juez.

Dado que el registrador, al analizar una operación de liquidación inscribible en el Registro, debe calificar si la operación es o no conforme con el plan de liquidación aprobado por el juez, con o sin modificaciones, o, en defecto de aprobación o de específica previsión, con las reglas legales supletorias (artículos 148 y 149 Ley Concursal).

El estudio conjunto de las normas legales procesales y concursales pone de manifiesto que, en las subastas concursales, sean judiciales o notariales, por regla general no es necesaria la tasación específica, exigida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, del inmueble objeto de subasta, de modo que la falta de tasación específica no constituye defecto que impida el acceso del título al Registro de la Propiedad. El bien o el derecho que se subasta ya ha sido valorado por la administración concursal en el inventario provisional (artículo 75.2.1 de la Ley Concursal), con posibilidad de modificar esa valoración si el juez del concurso llegara a estimar la impugnación que se hubiera presentado, en tiempo y forma, por persona legitimada (artículo 96.2 de la Ley Concursal). Si no existiera impugnación, el valor consignado en el inventario provisional deviene definitivo (artículo 97.2 de la Ley Concursal).

Según la Ley Concursal, si la realización del bien o del derecho afecto a un crédito con privilegio especial se efectúa a través de ejecución separada, el oferente sólo puede efectuar la puja por precio inferior al mínimo si lo fuera “a valor de mercado, según tasación oficial actualizada por entidad homologada” (artículo 155.4, párrafo segundo, en relación con artículo 149.2 de la Ley Concursal). Es indiferente quien sea el oferente: la tutela del interés del concurso explica que el ámbito de la excepción incluya aquellos casos en los que es el propio acreedor con privilegio especial quien realiza la puja. Aunque esa exigencia de tasación oficial es norma imperativa aplicable a los procedimientos concursales que se encontraban en tramitación a la entrada en vigor de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, se trata de una exigencia específica de las ejecuciones separadas (artículos 56 y 57 de la Ley Concursal), y no de una exigencia aplicable a las ejecuciones realizadas dentro del concurso.

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