¿Cuándo se inicia el plazo de caducidad de la acción de impugnación del despido colectivo?

La demanda para la impugnación del despido colectivo debe presentarse en el plazo de caducidad de 20 días hábiles desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a las representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo. Se distinguen, pues, dos posibles momentos, el del acuerdo y el de la notificación, que, se corresponden con los dos posibles desenlaces del período de consultas que finalice con despido colectivo: acuerdo de la comisión negociadora, o decisión unilateral empresarial en caso de desacuerdo.

El dies a quo para el cómputo de la caducidad en los supuestos de despidos colectivos concluidos con acuerdo comienza a contar para quienes formaron parte de la comisión negociadora desde el momento de la suscripción del acuerdo con arreglo a la redacción vigente del artículo 124.6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), sin que la ausencia injustificada de los actores a la reunión en que el mismo fue adoptado pueda demorar a otro momento el inicio de tal cómputo.

Es doctrina jurisprudencial consolidada la que señala que la impugnación de las medidas de flexibilidad interna, asociadas al despido colectivo, por acuerdo o sin él, deben impugnarse por el procedimiento de impugnación de despido colectivo (STS de 27-01-2015, recurso 28/2014; STS de 23-09-20 15, recurso 77/2015; STS de 29-9-15, recurso 77/2015 y STS de 14-10-15, recurso 8/2015), por cuanto se está impugnando el mismo negocio jurídico, lo que implica que el procedimiento para encauzar tal impugnación será el establecido en el artículo 124 de la LRJS.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 26 de diciembre de 2017, interpreta que, en principio, debe tenerse como “dies a quo” del plazo de caducidad el de la fecha del acuerdo, cuando este se produzca, y el de la notificación a los RRTT en caso de que el despido colectivo obedezca a una decisión unilateral del empresario, por no haber concluido de forma exitosa el periodo de consultas. Interpretación esta, que parece asumir la STS de 22-04-2015, y que resulta armoniosa con el análisis que del instituto de la caducidad se efectúa en la STS de 21-6-2017 (recurso 153/2016) que señala que el tratamiento procesal tanto del despido, como de las medidas de flexibilidad interna rige con especial fuerza el principio de celeridad.

Por ello, hemos de partir de que en los supuestos de acuerdo el plazo de caducidad de 20 días debe contar desde el momento de la suscripción del acuerdo por la Comisión negociadora, si bien esta pauta interpretativa que debe matizarse con arreglo a la máxima interpretativa que también recuerda la STS de 21-6-2017 según la cual ningún plazo de caducidad puede “comenzar a correr sino a partir del momento en que quien está facultado para la interposición de la demanda posea los elementos mínimos necesarios que le permitan evaluar la oportunidad y conveniencia de hacerlo” y que en los supuestos en que se impugne un acuerdo implicaría demorar el cómputo del plazo de veinte días al momento en que se conoció el mismo, cuando por causa ajena a la voluntad del sujeto legitimado no se tuvo conocimiento del mismo en el momento de su adopción- como pudiera ser el caso de que la impugnación se efectuase por quién no fue parte en la Comisión Negociadora, dada su exigua representatividad, lo que no le priva de legitimación para impugnar un despido colectivo (caso abordado desde el punto de vista de la legitimación en la STS de 20-7-2016, recurso 323/2014, en el que se considera sujeto legitimado para impugnar un despido colectivo a una organización sindical que no formó parte de la comisión negociadora).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *