Cuidado con no depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil: es una presunción de haber incurrido en causa de disolución por pérdidas

Cuando no se depositan las cuentas anuales se presume que la sociedad se encuentra incursa en causa de disolución por pérdidas, trasladando a los administradores, conforme al principio de facilidad probatoria, que, pese a no depositarse las cuentas, la sociedad no se encontraba en dicha causa de disolución.

El artículo 363.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece que las sociedades de capital deberán disolverse cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos

En relación a la causa de disolución por pérdidas, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia de fecha 25 de junio de 2018, recuerda que:

Esta Sección de la Audiencia Provincial, en diversas resoluciones judiciales (por todas, la sentencia de esta sección de 21 de julio de 2017. ECLI:ES:APB:2017:6213), ha considerado que si no se han depositado las cuentas anuales se presume que la sociedad se encuentra incursa en causa de disolución por pérdidas, trasladando a los administradores, conforme al principio de facilidad probatoria, que, pese a no depositarse las cuentas, la sociedad no se encontraba en situación de pérdidas

En el supuesto de hecho analizado por la sentencia:

1. Resultó infructuosa la ejecución de una sentencia contra la sociedad, por lo que el acreedor reclama judicialmente el importe de la condena al administrador, en base a su responsabilidad por deudas sociales (artículo 367 de la Ley Sociedades de Capital), debido a que la sociedad estaba incursa en causa de disolución por pérdidas, y el administrador no cumplió con las obligaciones legales en tales casos (promover la disolución de la sociedad).

2. En el momento en el que se presenta la demanda no estaban depositadas las últimas cuentas de la sociedad, si bien, al parecer, se depositaron posteriormente.

3. La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona confirma la sentencia de instancia que condena al administrador al pago de la indemnización reconocida al acreedor. Considera, al efecto, que si no se han depositado las cuentas anuales, se presume que la sociedad se encuentra incursa en causa de disolución por pérdidas, trasladando a los administradores, conforme al principio de facilidad probatoria, que, pese a no depositarse las cuentas, la sociedad no se encontraba en situación de pérdidas. Sin que conste que los administradores de la compañía hubiesen realizado gestión alguna para afrontar esa situación (convocatoria de junta para disolver la compañía, para ampliar capital o instar el concurso).

Conviene recordar que en caso de fallecimiento del administrador, la eventual responsabilidad societaria en que haya incurrido pasa a los herederos que hayan aceptado expresa o tácitamente la herencia. Se entiende que hay aceptación tácita cuando el heredero se persona en el proceso como demandado, colocándose en la posición del administrador responsable (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2013).

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