A vueltas con la calificación del crédito laboral en el concurso de acreedores

La declaración de concurso determina el tratamiento colectivo de los trabajadores, que quedan sometidos a la solución del concurso o convenio, con sus quitas, esperas, o liquidación, para cobrar en el orden establecido, debiendo los acreedores comunicar su crédito y ser reconocidos y clasificados como acreedores concursales.

Los créditos concursales se contraponen en la Ley Concursal a los créditos contra la masa. Los primeros son aquéllos para los cuales se abre el concurso que, en consecuencia, integran la masa pasiva (artículos 49 y 84.1 de la Ley Concursal); los créditos contra la masa son aquellos créditos que genera el propio procedimiento concursal, ya deriven de las costas y gastos judiciales, ya se refieran a las obligaciones nacidas durante el concurso o que se mantengan tras su declaración. Se diferencian así nítidamente a los titulares de créditos nacidos durante el procedimiento concursal de aquellos otros nacidos con anterioridad que ocasionan la declaración de concurso.

A primera vista, la calificación de un crédito como concursal o contra la masa no plantea problemas especiales: los créditos concursales son aquéllos que preexisten a la declaración de concurso y que ocasionan su apertura, mientras que los créditos contra la masa son los que surgen con posterioridad y constituyen el coste del propio concurso.

En el caso de los créditos por salarios, el legislador ha concedido una preferencia al considerar como créditos contra la masa los créditos por salarios por los últimos 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional (artículo 84.2.1º de la Ley Concursal).

Se entienden comprendidos dentro de estos créditos (de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores):

a) los de naturaleza estrictamente salarial; y

b) los correspondientes a periodos de descanso retribuibles.

Quedando, en principio, excluidos los salarios de tramitación atendiendo a su naturaleza indemnizatoria.

Los créditos salariales anteriores a la declaración de concurso que no estén protegidos por la calificación como créditos contra la masa serán considerados créditos concursales:

a) Con privilegio general de primer rango de conformidad con el artículo 91.1 de la Ley Concursal:

1. Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago,

2. las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional,

3. las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

b) Los restantes créditos laborales tendrán la consideración de créditos ordinarios a tenor de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley Concursal.

Para el caso de modificación o sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores el artículo 97.4.3 de la Ley Concursal establece que “En caso de pago por pago por avalista, fiador o deudor solidario, se estará a lo dispuesto en el artículo 87.6”; disponiendo este precepto que:

Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador”.

Resumiendo, no puede modificarse la calificación del crédito del acreedor original ni su tratamiento dentro del marco del concurso.

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