Venta de unidad productiva: Cuidado la suspensión de las actividades y el despido de los trabajadores no es argumento suficiente para negar la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales

La Directiva 2001/23 tiene por objeto garantizar la continuidad de las relaciones laborales existentes en el marco de una entidad económica, con independencia de un cambio de propietario. El criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a efectos de esta Directiva es, por consiguiente, si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que resulta, en particular, de que continúe efectivamente su explotación o de que ésta se reanude.

Las normas aplicables a los trabajadores por cuenta ajena en caso de transmisión de entidades económicas se encuentran definidas en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; y más concretamente en su artículo 44, apartados 1 y 2, que dispone:

«1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.

2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria

Las cuestiones principales planteadas, en la cuestión prejudicial, a la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 7 de agosto de 2018, son

17. El 31 de marzo de 2013, es decir, varios meses antes de finalizar el curso académico, Músicos y Escuela [contratista de la Escuela Municipal de Música] cesó en su actividad y, el 1 de abril, devolvió al Ayuntamiento de Valladolid los locales, instrumentos y medios destinados al funcionamiento de la Escuela Municipal de Música de Valladolid, cuya gestión se le había confiado. El 4 de abril de 2013, Músicos y Escuela remitió una carta de despido a toda su plantilla, incluido el Sr. Colino Sigüenza, con efectos desde el 8 de abril de 2013. La sociedad fue declarada en concurso de acreedores el 30 de julio de 2013

23. Entre tanto, en agosto de 2013, el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó la gestión de la Escuela Municipal de Música de Valladolid a IN-PULSO MUSICAL y, como había hecho con Músicos y Escuela, le cedió el uso de los locales, instrumentos y medios necesarios para este fin. IN-PULSO MUSICAL comenzó sus actividades en septiembre de 2013, para el curso académico 2013/1014. Tras un nuevo procedimiento de licitación, el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó de nuevo el contrato a INPULSO MUSICAL para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016. Esta sociedad no contrató a ninguno de los trabajadores que anteriormente prestaban servicios en la Escuela Municipal de Música y que fueron despedidos por Músicos y Escuela...

25. Por lo tanto, ese tribunal [Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León] se pregunta esencialmente, en primer lugar, si la interrupción temporal, por parte de Músicos y Escuela, de la prestación de sus servicios entre el 1 de abril de 2013 y principios del mes de septiembre de 2013, fecha en que la gestión de la Escuela Municipal de Música de Valladolid fue asumida por IN-PULSO MUSICAL, impide acreditar que se trata de una «transmisión» de empresa o centro de actividad, en el sentido del artículo 1 de la Directiva 2001/23, y si, en segundo lugar, en una situación como la que está examinando, la aplicación de la legislación nacional sobre los efectos de cosa juzgada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. Colino Sigüenza…”

Antes de entrar en materia el TJUE nos recuerda su jurisprudencia sobre la materia:

30. Para determinar si concurre este requisito, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación examinada, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Estos elementos son tan sólo aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y, por lo tanto, no pueden apreciarse aisladamente (sentencia de 9 de septiembre de 2015, Ferreira da Silva e Brito y otros, C160/14, EU:C:2015:565, apartado 26 y jurisprudencia citada)…

32. En particular, el Tribunal de Justicia ha señalado que la importancia respectiva que debe atribuirse a los distintos criterios varía necesariamente en función de la actividad ejercida, o incluso de los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en el centro de actividad o en la parte del centro de actividad de que se trate (sentencia de 9 de septiembre de 2015, Ferreira da Silva e Brito y otros, C160/14, EU:C:2015:565, apartado 27 y jurisprudencia citada).

33. En cambio, en un sector en el que la actividad se basa esencialmente en el equipamiento, el hecho de que el nuevo empresario no se haga cargo de la plantilla que su antecesor había dedicado al desarrollo de la misma actividad no basta para excluir la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su identidad, en el sentido de la Directiva 2001/23 (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Aira Pascual y Algeposa Terminales Ferroviarios, C509/14, EU:C:2015:781, apartado 41)…

41. A mayor abundamiento, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la suspensión temporal, solo por algunos meses, de las actividades de la empresa no permite excluir que la entidad económica de que se trata en el litigio principal haya conservado su identidad y, por lo tanto, tampoco permite excluir que exista una transmisión de empresa en el sentido de la misma Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Ferreira da Silva e Brito y otros, C‑160/14, EU:C:2015:565, apartado 31).

42.  A este respecto, el Tribunal de Justicia tiene declarado, en particular, que el hecho de que la empresa estuviera temporalmente cerrada en el momento de la transmisión, y no tuviera empleados a su servicio, constituye ciertamente un factor que ha de tenerse en cuenta para apreciar si ha sido transmitida una entidad económica aún existente. Sin embargo, el cierre temporal de la empresa, y la consecutiva ausencia de personal en el momento de la transmisión, no son circunstancias que, por sí solas, excluyan la existencia de una transmisión de empresa en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23 (sentencia de 15 de junio de 1988, Bork International y otros, 101/87, EU:C:1988:308, apartado 16 y jurisprudencia citada)…

50. En este sentido, debe recordarse que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, salvo disposición específica en sentido contrario, tan solo pueden invocar el amparo de la Directiva 2001/23 los trabajadores cuyo contrato de trabajo o relación laboral esté en vigor en la fecha de la transmisión. La existencia o no de un contrato de trabajo o de una relación laboral en esa fecha debe ser apreciada con arreglo al Derecho nacional, bajo reserva, no obstante, de que sean respetadas las disposiciones imperativas de la Directiva relativas a la protección de los trabajadores contra el despido a causa de la transmisión (sentencia de 15 de junio de 1988, Bork International y otros, 101/87, EU:C:1988:308, apartado 17).

51 Respecto a esto último, procede señalar que, en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/23, la transmisión de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de éstos no constituirá en sí misma un motivo de despido para el cedente o para el cesionario…”

Resumiendo, se requiere de un análisis técnico-jurídico, en cada caso, para determinar las concretas características de la situación y determinar si puede existir o no, a efectos laborales, una transmisión de empresa al mantenerse la identidad de la misma (entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria).

Los elementos deben evaluarse de forma conjunta; dado que la importancia que debe atribuirse a los distintos elementos varía necesariamente en función de la actividad ejercida, o incluso de los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en el centro de actividad o en la parte del centro de actividad de que se trate.

En cualquier caso, esto supondrá un obstáculo a la venta de unidades productivas, en sede concursal, y/o a una disminución del precio obtenido por la transmisión de las mismas al incrementarse los riesgos/costes potenciales que debe asumir el comprador.

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