¿Puede Hacienda pedirnos cualquier información?

La información solicitada ha de tener trascendencia tributaria, estando ligado en los requerimientos de información el requisito de motivación al de trascendencia tributaria. De forma que, cuando la trascendencia tributaria de un requerimiento no resulta ostensiblemente del expediente es exigible que en él conste su justificación expresa, para que el requisito legal quede cumplido.

Con carácter general

Debemos tener presente que el artículo 93.1 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre de 2003, General Tributaria (en adelante, LGT) establece la obligación de toda persona física o jurídica de proporcionar a la Administración Tributaria información con trascendencia tributaria en los siguientes términos:

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

(…)

Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos.”

En los supuestos que la información objeto de requerimiento pueda estar sujeta a secreto profesional, el artículo 93.5 de la LGT dispone:

5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.”

Asimismo, este deber de información de los particulares de sus datos con trascendencia tributaria se delimita en el artículo 95 de la LGT teniendo en cuenta el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto alguna de las excepciones previstas en el mismo precepto.

Contenido y alcance del concepto de trascendencia tributaria

Resulta claro del apartado anterior que la piedra angular se sitúa en el contenido y alcance del concepto trascendencia tributaria. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones al respecto, nos centraremos en la Sentencia 1810/2015, de fecha 22 de abril de 2015, que señala:

“… que para justificar y entender cumplido el requisito de que la información solicitada tenga trascendencia tributaria, basta con que dicha utilidad sea potencial, indirecta o hipotética.

También es jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 19 de febrero de 2007 –rec. casa. 3165/2002– y de 17 de marzo de 2014 –rec. casa. 5149/2010–, entre otras) que «el deber de colaboración con la Administración tributaria se impone sin más límite que la trascendencia tributaria de la información solicitada (…). La trascendencia tributaria ha sido definida por esta Sala en sus sentencias de 21 de junio de 2012 (rec. casa. 236/2010) y de 3 de noviembre de 2011 (rec. casa. 2117/2009 (RJ 2012, 1842)) que se remiten a la anterior de 12 de noviembre de 2003 (rec. casa. 1320/2002) señalando que es “la cualidad de aquellos hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en el artículo 31 de la Constitución de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, y poder, en caso contrario, actuar en consecuencia. Y esta utilidad puede ser directa (cuando la información solicitada se refiere a hechos imponibles, o sea, a actividades, titularidades, actos o hechos a los que la ley anuda el gravamen) o indirecta (cuando la información solicitada se refiere solo a datos colaterales, que pueden servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, para guiar después la labor inspectora que, no se olvida, no puede alcanzar absolutamente a todos los sujetos pasivos, por ser ello materialmente imposible- hacia ciertas y determinadas personas (en el mismo sentido, sentencia de 14 de marzo de 2007 rec. casa. 1320/2002.

En definitiva, lo que interesa, lo que ha de exigirse a la Administración, es que se trate de datos que en sí mismos contengan una trascendencia tributaria potencial (así, sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2007 y 19 de febrero de 2007), lo que podrá ocurrir siempre y cuando se trate de datos económicos, patrimoniales, no personales (en cuanto a éstos la cuestión está excluida); y, por otra parte, que su petición no esté vedada por una norma legal que impida la entrega del dato o datos solicitados. Si luego cada uno de los datos va a producir o no una actuación concreta de aplicación de los tributos no atañe propiamente a la esfera de la información, sino a la gestión tributaria en su más amplio sentido. No creemos que, en este punto, el artículo 93 LGT conlleve mayores exigencias.

Conclusiones

Tal y como nos recuerda el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en su Resolución 5521/2015, de 4 de diciembre de 2018:

1º.- La obligación de toda persona, física o jurídica, de proporcionar a la Administración Tributaria información con trascendencia tributaria (artículo 93.1 de la LGT).

2º.- La información no puede alcanzar a los datos privados no patrimoniales que se conozcan por razón del ejercicio de la actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar (artículo 93.5 de la LGT)

3º.- Los datos de carácter reservado obtenidos por la Administración, salvo algunas excepciones, no pueden ser cedidos o comunicados a terceros (artículo 95 de la LGT).

4º.- Los datos, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, han de contener una trascendencia potencial y su petición no puede estar vedada por una norma legal que impida su entrega. Se entiende la transcendencia tributaria como la cualidad de aquellos hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación de contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica.

5º.- El requerimiento, como acto administrativo formal ha de estar motivado.

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