Deducibilidad de las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencia

El Tribunal Económico Administrativo Central en su resolución 06419/2016, de fecha 6 de noviembre de 2018, ha concluido que “No haber acreditado la insolvencia no puede erigirse como motivo para denegar el cómputo de la perdida

Recordemos que el artículo 13.1 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades establece que:

Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación.

b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso.

c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.

d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.”

De la lectura del precepto queda claro que la letra a) es un supuesto diferente del de la letra d) de ese mismo apartado, lo que impide que pueda exigirse la existencia de un procedimiento judicial o arbitral (como en algunas ocasiones se realiza desde la Administración Tributaria).

El TEAC ya se manifestó en su Resolución de 4 de abril de 2017 que a la vista de dicho artículo “… podemos concluir que el no haber acreditado la insolvencia no puede erigirse como motivo para denegar el cómputo de la pérdida, toda vez que para dotar la correspondiente provisión no se exigía tal insolvencia declarada sino solo el transcurso del tiempo previsto, como indicio de una posible insolvencia…”.

No obstante, recordemos que el hecho de que un acreedor no realice acciones dirigidas al cobro efectivo de los créditos que pudieran acreditar la imposibilidad de cobro, puede significar una renuncia de sus derechos, que a efectos fiscales debe considerarse como una liberalidad; pero esta afirmación no puede hacerse de modo absoluto e indiscriminado, habida cuenta que la norma no lo menciona y, por ende, ha de ponderarse en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, debiendo aparecer ciertos indicios, en función de las relaciones entre las entidades, dicción de los contratos, etc que avalen tal conclusión de renuncia de derechos y consiguiente liberalidad.

Es muy importante, para evitar futuros problemas con la Inspección de Hacienda, dejar constancia de las reclamaciones efectuadas para poder justificar la correcta aplicación de la deducción.

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