Concurso de acreedores y cláusulas penales. No siempre se pueden aplicar automáticamente

La aplicación de la condición resolutoria por impago del precio no excluye la aplicación de la cláusula penal ni resulta incompatible con la indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

Lo anterior sin embargo no significa que deba aplicarse de manera automática la cláusula penal a pesar de considerar que la misma no precisa encontrarse inscrita para ser oponible a las partes.

El interés general en el concurso excluye la aplicación de instituciones propias de la teoría general de las obligaciones y contratos con lo son los efectos de la mora por suspensión del devengo de intereses (artículos 1101 y 1108 del Código Civil en relación con el artículo 59 de la Ley Concursal), o la prohibición de compensación (artículo 58 de la Ley Concursal). Por ello, si bien el artículo 1152 del Código Civil prevé que salvo pacto en contrario las cláusulas penales sustituirán a la indemnización de daños y el abono de intereses, esta regla no resulta aplicable cuando declarado el concurso confluyen los intereses de una pluralidad de acreedores que ven sacrificados sus derechos parcialmente, suspendiendo el devengo de intereses e imposibilitándoles compensar sus créditos y resolver sus contratos incumplidos en algunos casos. En primer lugar, porque la sustitución del abono de intereses no resulta factible en ningún caso por no ser posible su devengo. En segundo, en tanto que resulta en todo caso necesario que existan perjuicios a resarcir.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 8 de marzo de 2019, ha interpretado que:

Tanto en el párrafo segundo del artículo 61.2 de la ley Concursal, en caso de resolución del contrato en interés del concurso como el artículo 62.4 LC, en caso de resolución de contrato por incumplimiento de la concursada, la ley reconoce a la parte in bonis un derecho a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la resolución, y que este derecho se satisfaga con cargo a la masa. Cuando las partes en el contrato han pactado, como es el caso, una cláusula penal, esta debe operar en lo que tiene de resarcitoria de los daños y perjuicios. Esto es, los daños y perjuicios se cuantificarán en la suma que hubieran convenido las partes en la cláusula penal, sin que tenga sentido juzgar hasta qué punto la pena convenida exceda de la cuantificación real de los daños y perjuicios pues para eso se ha pactado la cláusula penal.

No obstante lo anterior, cuando la pena exceda con mucho de la finalidad resarcitoria y responda claramente también a una finalidad sancionadora, en lo que tiene de pena no debería operar en caso de concurso de acreedores, pues entonces no se penaliza al deudor sino al resto de sus acreedores concursales.”

Resumiendo

Las cláusulas penales siguen siendo válidas una vez declarado el concurso, pero si su importe excede con mucho de la finalidad resarcitoria, y responde claramente también a una finalidad sancionadora, su cuantía deberá limitarse al importe de los daños y perjuicios.

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