Notificaciones de la Agencia Tributaria: ¿Cuándo no son válidas?

La finalidad de toda notificación es la de lograr que el contenido del acto administrativo llegue a conocimiento del administrado o contribuyente, lo que obliga a juzgar su eficacia a la vista de las circunstancias de cada caso, poniendo el acento en verificar si han cumplido su finalidad material, esto es, hacer llegar a conocimiento de su destinatario el contenido de la actuación administrativa.

Legislación

En materia tributaria la norma sobre notificaciones está recogida en los artículos 109 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria (en adelante, LGT) en concreto el artículo 109, regulador de las notificaciones en materia tributaria, establece que:

El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en esta sección.”

Asimismo dispone el artículo 110 de la LGT, regulador del lugar de práctica de las notificaciones, lo siguiente:

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.”

Respecto de las personas legitimadas para recibir las notificaciones el artículo 111 de la LGT establece:

Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.”

La norma tributaria, como hemos visto, nos remite con carácter general, a las normas administrativas, que en esta materia vienen constituidas por los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. Así el artículo 58, regulador de la notificación, dispone:

1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente.

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.”

Finalmente, el artículo 59, regulador de la práctica de la notificación, determina:

1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. (…)”

Jurisprudencia

Cabe recordar que es doctrina del Tribunal Constitucional que, en materia de notificaciones, únicamente lesiona el artículo 24 de la Constitución Española la llamada indefensión material y no la formal; es decir, aquella que impida “el cumplimiento de su finalidad, tendente a comunicar la resolución en términos que permitan mantener las alegaciones o formular los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico frente a dicha resolución” (SSTC 155/1989, de 5 de octubre; 184/2000, de 10 de julio; y 113/2001, de 7 de mayo), con el “consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados” (SSTC 155/1988; 112/1989; 91/2000; 184/2000; 19/2004 y 130/2006).

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en sentencias de 5 de mayo, 12 de mayo, 26 de mayo y 2 de junio de 2011 en las que se realiza una recopilación de la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del propio Tribunal Supremo en materia de notificaciones.

Conclusiones

Las notificaciones podrán practicarse por cualquier medio, dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

Se considerará válida la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

Caso de no poderse practicar la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, se repetirá el intento por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

La finalidad de toda notificación es lograr que el contenido del acto llegue realmente al conocimiento de su destinatario para que pueda ejercitar las acciones oportunas contra el mismo. Es decir, el defecto de notificación no puede provocar indefensión material, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del contribuyente.

Para analizar si el acto llegó a conocimiento del interesado deben valorarse dos elementos:

a) El grado de cumplimiento por parte de la Administración de las formalidades establecidas por la norma en materia de notificaciones; y

b) Las circunstancias particulares concurrentes en cada caso, entre las que destacan tres:

1. el grado de diligencia tanto de la Administración como del interesado;

2. el conocimiento que el interesado, a pesar del incumplimiento en su notificación, haya podido tener del acto o resolución; y

3. el comportamiento de los terceros, que guardando cercanía o proximidad geográfica con el destinatario, pueden aceptar y aceptan la notificación.

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