¿Qué consecuencias fiscales tiene jubilarse si ejercemos una actividad de arrendamiento de inmuebles de forma directa?

La primera cuestión que debemos plantearnos cuando decidimos arrendar inmuebles de nuestra propiedad es ¿si ejercemos una actividad económica o simplemente obtenemos rendimientos del capital inmobiliario?

Para responder a esta cuestión debemos acudir al artículo 5.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS) que define el concepto de actividad económica y de actividad patrimonial:

“… En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa.

La doctrina administrativa de la Dirección General de Tributos (en adelante, DGT), puesta de manifiesto en diversas consultas vinculantes, acepta que sea el propio propietario (o, el administrador de la sociedad mercantil) quién se dedique a la gestión del arrendamiento de los inmuebles. Motivo por el cual deberá darse de alta y cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (teniendo las cotizaciones la consideración de gasto deducible de la actividad económica).

Que el arrendamiento de inmuebles tenga la consideración de actividad económica conlleva una serie de ventajas fiscales (a corto y largo plazo):

1. El artículo 4.Ocho.Uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece que quedan exentos los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Para ello es preciso que la actividad constituya la principal fuente de renta del sujeto pasivo (más del 50% de sus ingresos), y que este la ejerza de modo habitual, personal y directa (empresario individual); y

2. De conformidad con el artículo 20.2.c de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones, en las transmisiones mortis causa se aplicará en la base imponible una reducción del 95% del valor que corresponda a empresas individuales o negocios profesionales y a participaciones en entidades, cuando sea aplicable la exención del Impuesto sobre el Patrimonio respecto la tenencia de las mismas.

La sorpresa aparece llegado el momento de la jubilación, de quién ejerce su actividad económica de forma directa, al encontramos que el cobro de la pensión de jubilación es incompatible (de conformidad con la legislación vigente en materia de Seguridad Social) con el desarrollo, de forma personal y directa, de su actividad empresarial; lo que pone al empresario ante la disyuntiva (puesta de manifiesto, en la consulta vinculante V00064-19 de la DGT) de:

a) renunciar a la pensión de jubilación; o

b) renunciar a los beneficios fiscales antes enumerados.

Disyuntiva que no tienen que plantearse aquellas personas que decidieron ejercer la actividad económica mediante una sociedad y realizaron una correcta planificación fiscal.

 

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