¿Puede Hacienda pedirnos cualquier información?

La información solicitada ha de tener trascendencia tributaria, estando ligado en los requerimientos de información el requisito de motivación al de trascendencia tributaria. De forma que, cuando la trascendencia tributaria de un requerimiento no resulta ostensiblemente del expediente es exigible que en él conste su justificación expresa, para que el requisito legal quede cumplido.

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Venta de unidad productiva: Cuidado la suspensión de las actividades y el despido de los trabajadores no es argumento suficiente para negar la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales

La Directiva 2001/23 tiene por objeto garantizar la continuidad de las relaciones laborales existentes en el marco de una entidad económica, con independencia de un cambio de propietario. El criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a efectos de esta Directiva es, por consiguiente, si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que resulta, en particular, de que continúe efectivamente su explotación o de que ésta se reanude.

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Geolocalización de los trabajadores y protección de datos. La importancia del derecho a la información y del juicio de proporcionalidad

Los sindicatos impugnan el proyecto tracker de una conocida empresa de pizzas a domicilio, en virtud del cual los repartidores serán geolocalizados durante el servicio mediante una app descargada en su teléfono móvil personal.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en su sentencia 00013/2019 de fecha 6 de febrero, ha considerado que supone una vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal de los trabajadores y tampoco es acorde con la legislación laboral.

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La Seguridad Social emite “certificados” que no exoneran de responsabilidad

El certificado de la TGSS que informa de que la empresa adquirida no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social no exonera de responsabilidad a la empresa adquirente en un caso de sucesión de empresa, ya que pueden existir deudas sobre las que el acreedor no haya efectuado aun reclamación.

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¿Es suficiente el retraso en la solicitud de concurso para que se califique como culpable?

El artículo 165.1.1º de la Ley Concursal establece que:

El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores:

1.º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso…”

Recordemos que debe solicitarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocerse el estado de insolvencia (artículo 5.1 de la Ley Concursal).

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¿Qué debo hacer para deducirme el IVA soportado antes del inicio de la actividad económica?

El artículo 111.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, LIVA) establece que:

Quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales o profesionales y adquieran la condición de empresario o profesional por efectuar adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos a la realización de actividades de tal naturaleza, podrán deducir las cuotas que, con ocasión de dichas operaciones, soporten o satisfagan antes del momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a dichas actividades, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en los artículos 112 y 113 siguientes…

Lo relevante de lo que indica el precepto es “…. confirmada por elementos objetivos,…”, aspecto que abordaremos a continuación.

Cuidado lo anterior también es de aplicación (párrafo segundo del mismo artículo) a aquellos que inicien una nueva actividad empresarial o profesional que constituya un sector diferenciado respecto de las actividades que venían desarrollando con anterioridad.

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La importancia de preparar correctamente los documentos que acompañan la solicitud de concurso: causa de culpabilidad prevista en el artículo 164.2.2ª de la Ley Concursal

La solicitud del concurso es un acto importante que exige una especial diligencia en quien quiere acogerse a los beneficios del procedimiento concursal.

La suma de inexactitudes en la solicitud de concurso que en sí mismas, separadamente consideradas, no consideraríamos graves (como, por ejemplo, que existan contradicciones entre los distintos documentos aportados con la solicitud) determinan una inexactitud grave.

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Pieza de calificación: ¿Cuál es el papel de los acreedores personados?

El artículo 168.1 de la Ley Concursal dispone que “Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que se hubiera dado a la resolución que acuerde la formación de la sección sexta, cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse y ser parte en la sección, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable”; los terceros personados podrán proponer prueba, participar en la vista y realizar cualquier otra actuación procesal, pero dirigida a confirmar y ratificar los supuestos de hecho que dan soporte a las pretensiones de la administración concursal y el ministerio fiscal, únicas frente a las que habrán de defenderse los demandados y demás personas afectadas.

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Las cantidades abonadas por el FOGASA en prestaciones de garantía salarial lo son en bruto

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo afirma, en su Sentencia de fecha 12 de septiembre de 2018, como doctrina unificada que las cantidades a cargo del FOGASA deben obtenerse de las deudas empresariales en bruto, con independencia de que una administración concursal emita certificación por referencia al importe neto. La deuda salarial para determinar la responsabilidad del FOGASA es en bruto y no en neto, ya que este organismo responde del pago del salario, sustituyendo a un empresario insolvente, y por ello está obligado a realizar las mismas retenciones y deducciones a los trabajadores.

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La empresa me ha pagado dietas y gastos de locomoción, ahora tengo una inspección de Hacienda. ¿Quién tiene la obligación de justificar que los gastos de locomoción no son renta del trabajo?

Como es sabido, las dietas y asignaciones para gastos de viaje, como cualquier otra contraprestación pagada por la empresa, constituyen, a priori, rentas del trabajo. No obstante, cuando pretenden compensar los gastos que se producen por motivos laborales, se exceptúan de tributación, en las cuantías y condiciones reglamentariamente establecidas.

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