¿Podemos excluir de un concurso de acreedores una vivienda sobre hipotecada?

Lamentablemente es muy habitual encontrarnos, en los concursos de personas físicas, con inmuebles cuyo valor es inferior a la primera carga hipotecaria que pesa sobre los mismos; pudiendo, con cierta habitualidad, existir segundas y ulteriores hipotecas. El auto, de fecha 20 de junio de 2018, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona aborda esta situación y nos da las pautas de actuación.

Recordemos que la valoración del inmueble debe realizarse a valor de mercado, a efectos de determinar si el mismo se encuentra sobre hipotecado. Dado que lo dispuesto en el artículo 94.5 de la Ley Concursal no es el instrumento adecuado para establecer el valor de un bien, sino que es el instrumento para ponderar el alcance en el concurso del privilegio especial, por tanto, un acreedor con una garantía real previa puede encontrarse en el concurso con la calificación como crédito ordinario si la garantía carece de valor (por ejemplo segundas o terceras hipotecas).

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Las retenciones del IRPF correspondiente a los salarios o rentas devengadas con anterioridad a la declaración del concurso pero que se paguen o abonen con posterioridad a dicha fecha tendrán la consideración de créditos contra la masa

Debe distinguirse entre el nacimiento de la obligación tributaria principal, que en este caso tiene lugar con la realización del hecho imponible, y la obligación de retención, que es autónoma de la anterior, y nace en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes. Razón por la cual para conocer si el crédito correspondiente a la obligación de retener es concursal o contra la masa, hay que atender al momento en que se realice el pago de la renta.

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A vueltas con la calificación del crédito laboral en el concurso de acreedores

La declaración de concurso determina el tratamiento colectivo de los trabajadores, que quedan sometidos a la solución del concurso o convenio, con sus quitas, esperas, o liquidación, para cobrar en el orden establecido, debiendo los acreedores comunicar su crédito y ser reconocidos y clasificados como acreedores concursales.

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¿Cómo calificar el crédito derivado de un SWAP a efectos concursales?

Los créditos derivados de contratos de permuta financiera (swap) en que el deudor se encuentre en concurso son créditos concursales y no contra la masa, con independencia de que se haya devengando antes o después de la declaración de concurso.

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¿Cuándo y cómo la AEAT puede declararme responsable subsidiario de las deudas de la empresa?

Si la empresa no ha cumplido con sus obligaciones tributarias y la Administración Tributaria considera que no se han realizado los actos necesarios para el cumplimiento de dichas obligaciones y deberes tributarios, o se hubiese consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o se hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones nos pueden derivar la responsabilidad subsidiaria de las obligaciones/deudas de la empresa.

Con carácter previo la Administración Tributaria deberá declarar fallido a la empresa, para lo que no le es exigible otra gestión distinta a la de requerir información sobre la situación de los créditos, sin que deba hacerse cargo de las consecuencias de la falta de contestación ni esperar a la resolución de los concursos de acreedores, ni personarse en ellos.

No obstante, en el momento de la investigación esta debe constatar si los créditos son realizables de manera inmediata, y una vez comprobado que no son realizables y por tanto suficientes, declarar fallido al deudor principal.

El responsable subsidiario podrá oponer la existencia de bienes o derechos realizables del deudor principal en la tramitación del procedimiento de derivación, teniendo en cuenta que no basta la mera alegación, sino que se le requerirá que lo acredite.

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Cuidado con no depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil: es una presunción de haber incurrido en causa de disolución por pérdidas

Cuando no se depositan las cuentas anuales se presume que la sociedad se encuentra incursa en causa de disolución por pérdidas, trasladando a los administradores, conforme al principio de facilidad probatoria, que, pese a no depositarse las cuentas, la sociedad no se encontraba en dicha causa de disolución.

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Los terceros interesados tienen legitimidad para recurrir en las acciones de reintegración

Ningún precepto de la Ley Concursal niega legitimación a los coadyuvantes en los incidentes concursales para recurrir las sentencias recaídas en ellos. De una legitimación subordinada y limitada para entablar la acción no puede derivarse una falta de legitimación activa para recurrir.

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¿Cuándo se inicia el plazo de caducidad de la acción de impugnación del despido colectivo?

La demanda para la impugnación del despido colectivo debe presentarse en el plazo de caducidad de 20 días hábiles desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a las representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo. Se distinguen, pues, dos posibles momentos, el del acuerdo y el de la notificación, que, se corresponden con los dos posibles desenlaces del período de consultas que finalice con despido colectivo: acuerdo de la comisión negociadora, o decisión unilateral empresarial en caso de desacuerdo.

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¿Es siempre exigible una tasación oficial actualizada para proceder a enajenar un inmueble en un procedimiento concursal?

La Dirección General del Registro y Notariado (en adelante, DGRN) en su resolución de fecha 18 de enero de 2018 (BOE de 1 de febrero de 2018) hace un pormenorizado análisis de la tramitación del plan de liquidación, dictaminando que no es necesario la tasación oficial actualizada en las enajenaciones realizadas en la fase de liquidación.

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Procedimiento para el nombramiento de mediador concursal y comunicación de datos relativos al deudor

La escasa regulación sobre la comunicación, que el registrador mercantil o notario hace del nombramiento al mediador concursal para que este acepte el cargo, ha dado lugar a una práctica dispar no exenta de dudas, que en más ocasiones de las que sería deseable ha supuesto que se hayan frustrado desde el principio los procedimientos para alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos.

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