Las cantidades abonadas por el FOGASA en prestaciones de garantía salarial lo son en bruto

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo afirma, en su Sentencia de fecha 12 de septiembre de 2018, como doctrina unificada que las cantidades a cargo del FOGASA deben obtenerse de las deudas empresariales en bruto, con independencia de que una administración concursal emita certificación por referencia al importe neto. La deuda salarial para determinar la responsabilidad del FOGASA es en bruto y no en neto, ya que este organismo responde del pago del salario, sustituyendo a un empresario insolvente, y por ello está obligado a realizar las mismas retenciones y deducciones a los trabajadores.

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¿Qué ocurre cuándo no comunicamos en plazo el crédito que ostentamos contra un cliente declarado en concurso de acreedores?

De conformidad con el artículo 85.1 de la Ley Concursal, tras la publicación del edicto de la declaración en el concurso, tal y como dispone el artículo 23 de la Ley Concursal, los acreedores disponen de un mes, plazo que estipula el artículo 21.1.5º de la Ley Concursal, para comunicar a la administración concursal la existencia de sus créditos.

Con los créditos comunicados se elaborará la lista de acreedores, con la estructura y contenido que se recoge en el artículo 94 de la Ley Concursal, que será comunicada, por la administración concursal, con una antelación mínima de 10 días (5 días, en los concursos abreviados) previos a la presentación de la misma al Juez del concurso.

Pero que sucede si el crédito no hemos comunicado el crédito y/o no se recoge en la lista de acreedores.

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¿Qué sucede con los bienes de la concursada no enajenados una vez concluido el concurso de acreedores?

Aunque con carácter general suele afirmarse que las sociedades de capital adquieren su personalidad jurídica con la inscripción de la escritura de constitución y la pierden con la inscripción de la escritura de extinción, esto no es del todo exacto.

Es una situación habitual que bienes y derechos de la concursada queden en titularidad y disposición de la sociedad disuelta, extinta, liquidada y cancelada dentro del concurso de acreedores (por carecer dichos bienes de contenido económico, o de mercado, o ser antieconómica su enajenación); y ello y ello tanto en escenarios de liquidación regular (artículo 152.2 de la Ley Concursal) como apresurada en casos de insuficiencia de masa (artículo 176bis.3 de la Ley Concursal).

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¿Podemos excluir de un concurso de acreedores una vivienda sobre hipotecada?

Lamentablemente es muy habitual encontrarnos, en los concursos de personas físicas, con inmuebles cuyo valor es inferior a la primera carga hipotecaria que pesa sobre los mismos; pudiendo, con cierta habitualidad, existir segundas y ulteriores hipotecas. El auto, de fecha 20 de junio de 2018, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona aborda esta situación y nos da las pautas de actuación.

Recordemos que la valoración del inmueble debe realizarse a valor de mercado, a efectos de determinar si el mismo se encuentra sobre hipotecado. Dado que lo dispuesto en el artículo 94.5 de la Ley Concursal no es el instrumento adecuado para establecer el valor de un bien, sino que es el instrumento para ponderar el alcance en el concurso del privilegio especial, por tanto, un acreedor con una garantía real previa puede encontrarse en el concurso con la calificación como crédito ordinario si la garantía carece de valor (por ejemplo segundas o terceras hipotecas).

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Las retenciones del IRPF correspondiente a los salarios o rentas devengadas con anterioridad a la declaración del concurso pero que se paguen o abonen con posterioridad a dicha fecha tendrán la consideración de créditos contra la masa

Debe distinguirse entre el nacimiento de la obligación tributaria principal, que en este caso tiene lugar con la realización del hecho imponible, y la obligación de retención, que es autónoma de la anterior, y nace en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes. Razón por la cual para conocer si el crédito correspondiente a la obligación de retener es concursal o contra la masa, hay que atender al momento en que se realice el pago de la renta.

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A vueltas con la calificación del crédito laboral en el concurso de acreedores

La declaración de concurso determina el tratamiento colectivo de los trabajadores, que quedan sometidos a la solución del concurso o convenio, con sus quitas, esperas, o liquidación, para cobrar en el orden establecido, debiendo los acreedores comunicar su crédito y ser reconocidos y clasificados como acreedores concursales.

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¿Cómo calificar el crédito derivado de un SWAP a efectos concursales?

Los créditos derivados de contratos de permuta financiera (swap) en que el deudor se encuentre en concurso son créditos concursales y no contra la masa, con independencia de que se haya devengando antes o después de la declaración de concurso.

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Los terceros interesados tienen legitimidad para recurrir en las acciones de reintegración

Ningún precepto de la Ley Concursal niega legitimación a los coadyuvantes en los incidentes concursales para recurrir las sentencias recaídas en ellos. De una legitimación subordinada y limitada para entablar la acción no puede derivarse una falta de legitimación activa para recurrir.

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¿Cuándo se inicia el plazo de caducidad de la acción de impugnación del despido colectivo?

La demanda para la impugnación del despido colectivo debe presentarse en el plazo de caducidad de 20 días hábiles desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a las representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo. Se distinguen, pues, dos posibles momentos, el del acuerdo y el de la notificación, que, se corresponden con los dos posibles desenlaces del período de consultas que finalice con despido colectivo: acuerdo de la comisión negociadora, o decisión unilateral empresarial en caso de desacuerdo.

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¿Es siempre exigible una tasación oficial actualizada para proceder a enajenar un inmueble en un procedimiento concursal?

La Dirección General del Registro y Notariado (en adelante, DGRN) en su resolución de fecha 18 de enero de 2018 (BOE de 1 de febrero de 2018) hace un pormenorizado análisis de la tramitación del plan de liquidación, dictaminando que no es necesario la tasación oficial actualizada en las enajenaciones realizadas en la fase de liquidación.

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