Categoría: Laboral
A vueltas con la calificación del crédito laboral en el concurso de acreedores
La declaración de concurso determina el tratamiento colectivo de los trabajadores, que quedan sometidos a la solución del concurso o convenio, con sus quitas, esperas, o liquidación, para cobrar en el orden establecido, debiendo los acreedores comunicar su crédito y ser reconocidos y clasificados como acreedores concursales.
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La indemnización por despido no siempre está exenta del IRPF
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en su Sentencia, de fecha 18 de octubre de 2017, nos recuerda que el abono de la indemnización por despido con anterioridad a la conciliación no puede considerarse exenta del IRPF.
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¿Cuándo se inicia el plazo de caducidad de la acción de impugnación del despido colectivo?
La demanda para la impugnación del despido colectivo debe presentarse en el plazo de caducidad de 20 días hábiles desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a las representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo. Se distinguen, pues, dos posibles momentos, el del acuerdo y el de la notificación, que, se corresponden con los dos posibles desenlaces del período de consultas que finalice con despido colectivo: acuerdo de la comisión negociadora, o decisión unilateral empresarial en caso de desacuerdo.
La derivación de responsabilidad procede si existe causa de disolución, no por incurrir en una situación de insolvencia
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de los de Barcelona, en su Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2017, anula la derivación de responsabilidad acordada por la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante la TGSS) por no haber presentado concurso de acreedores.
Derecho a la intimidad y a la propia imagen en los servicios de video llamada, del sector del call-center; para utilizar la imagen del trabajador no cabe el consentimiento genérico al firmar el contrato
La Audiencia Nacional, en su Sentencia de fecha 15 de junio de 2017, declara que la empresa está legitimada para utilizar la imagen de sus trabajadores cuando el cliente requiera servicios de video llamada, lo cual exige el consentimiento del trabajador, sin que quepa un consentimiento genérico al firmar el contrato. Continuar leyendo “Derecho a la intimidad y a la propia imagen en los servicios de video llamada, del sector del call-center; para utilizar la imagen del trabajador no cabe el consentimiento genérico al firmar el contrato”
Los trabajadores pueden reclamar contra los administradores por los salarios no cobrados
Los administradores, de hecho o de derecho, que no han cumplido con lo dispuesto en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital son solidariamente responsables de las deudas contraídas por la Sociedad con posterioridad al incumplimiento. Esta responsabilidad solidaria alcanza a las deudas laborales, cuando el nacimiento de la obligación es posterior al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 367 LSC.
¿Pueden instalarse cámaras de video vigilancia en los servicios sin conocimiento de los trabajadores?
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla), en su Sentencia de fecha 22 de marzo de 2017, ha declarado que no se ha vulnerado el artículo 18.4 de la Constitución como consecuencia de la colocación, sin conocimiento ni consentimiento, de una cámara de videograbación en un cuarto de baño utilizado por los auxiliares para bañar a los residentes discapacitados ante las sospechas de posibles malos tratos.
El blindaje de los contratos de trabajo no soporta el concurso de acreedores
El artículo 65.3 de la Ley 22/2003, de 9 julio de 2003, Concursal deja sin efecto el blindaje de los contratos de alta dirección cuando la empresa contratante se encuentra en situación concursal:
“En caso de extinción del contrato de trabajo, el juez del concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al alto directivo, quedando en dicho supuesto sin efecto la que se hubiera pactado en el contrato, con el límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo”.
Pero, ¿qué sucede con el blindaje de los trabajadores con contrato ordinario?
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