Requisitos para la validez probatoria de las grabaciones con las cámaras de video vigilancia

El segundo párrafo del artículo 89.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) establece que:

En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.”

El citado precepto, relativo a los “Tratamientos con fines de videovigilancia”, dispone el contenido mínimo del dispositivo informativo y que el mismo debe colocarse en un lugar suficientemente visible.

A pesar de cumplir con lo anterior, el Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona ha inadmitido, en su Sentencia 52/2019 de fecha 18 de febrero de 2019, como prueba las imágenes captadas con las cámaras de videovigilancia al considerar que vulneran los derechos fundamentales de los implicados en el proceso.

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Requisitos del delito de defraudación de cuotas de Seguridad Social

La Sala 2ª del Tribunal Supremo en su sentencia 564/2018, de fecha 19 de noviembre, ha considerado que “… el impago deliberado y contumaz de las cotizaciones…” no es suficiente para incurrir en el tipo penal del artículo 307 del Código Penal (aunque se supere el umbral de 50.000 €).

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¿Cuándo puede la empresa acceder al historial de navegación del trabajador?

Si la empresa no prohíbe expresamente el uso para fines privados del ordenador de la empresa, existe una expectativa razonable de confidencialidad por parte del trabajador que debe ser eliminada para que se pueda acceder, y obtener una prueba válida para su uso en un procedimiento, al historial del navegado del ordenador utilizado por el trabajador.

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¿Tiene la consideración de retribución en especie el curso de formación pagado por la empresa?

Muchas empresas han desarrollado en los últimos años planes de retribución de flexible mediante los cuales se sufragan los estudios de los trabajadores, pero no todos los cursos pueden englobarse dentro de la exención prevista por la norma. Sólo aquella formación que venga exigida por la actividad o puesto de trabajo desarrollado en la empresa no quedará sujeta al Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, teniendo en el resto de los casos la consideración de rendimiento del trabajo en especie sujeto al Impuesto.

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Concurso de acreedores y trabajadores en excedencia

El trabajador que pasa a excedencia voluntaria común no tiene derecho a indemnización por despido colectivo por el cierre del centro de trabajo, tanto si la empresa ha acudido al procedimiento de despido colectivo para la extinción de los contratos como si no lo ha hecho.

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Venta de unidad productiva: Cuidado la suspensión de las actividades y el despido de los trabajadores no es argumento suficiente para negar la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales

La Directiva 2001/23 tiene por objeto garantizar la continuidad de las relaciones laborales existentes en el marco de una entidad económica, con independencia de un cambio de propietario. El criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a efectos de esta Directiva es, por consiguiente, si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que resulta, en particular, de que continúe efectivamente su explotación o de que ésta se reanude.

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Geolocalización de los trabajadores y protección de datos. La importancia del derecho a la información y del juicio de proporcionalidad

Los sindicatos impugnan el proyecto tracker de una conocida empresa de pizzas a domicilio, en virtud del cual los repartidores serán geolocalizados durante el servicio mediante una app descargada en su teléfono móvil personal.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en su sentencia 00013/2019 de fecha 6 de febrero, ha considerado que supone una vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal de los trabajadores y tampoco es acorde con la legislación laboral.

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La Seguridad Social emite “certificados” que no exoneran de responsabilidad

El certificado de la TGSS que informa de que la empresa adquirida no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social no exonera de responsabilidad a la empresa adquirente en un caso de sucesión de empresa, ya que pueden existir deudas sobre las que el acreedor no haya efectuado aun reclamación.

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Las cantidades abonadas por el FOGASA en prestaciones de garantía salarial lo son en bruto

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo afirma, en su Sentencia de fecha 12 de septiembre de 2018, como doctrina unificada que las cantidades a cargo del FOGASA deben obtenerse de las deudas empresariales en bruto, con independencia de que una administración concursal emita certificación por referencia al importe neto. La deuda salarial para determinar la responsabilidad del FOGASA es en bruto y no en neto, ya que este organismo responde del pago del salario, sustituyendo a un empresario insolvente, y por ello está obligado a realizar las mismas retenciones y deducciones a los trabajadores.

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A vueltas con la calificación del crédito laboral en el concurso de acreedores

La declaración de concurso determina el tratamiento colectivo de los trabajadores, que quedan sometidos a la solución del concurso o convenio, con sus quitas, esperas, o liquidación, para cobrar en el orden establecido, debiendo los acreedores comunicar su crédito y ser reconocidos y clasificados como acreedores concursales.

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