¿Cuándo se inicia el plazo de caducidad de la acción de impugnación del despido colectivo?

La demanda para la impugnación del despido colectivo debe presentarse en el plazo de caducidad de 20 días hábiles desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a las representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo. Se distinguen, pues, dos posibles momentos, el del acuerdo y el de la notificación, que, se corresponden con los dos posibles desenlaces del período de consultas que finalice con despido colectivo: acuerdo de la comisión negociadora, o decisión unilateral empresarial en caso de desacuerdo.

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¿Puede la AEAT realizar una comprobación de valores respecto a una subasta notarial?

Al contrario que en la subasta judicial, en la que el precio de adjudicación se considera en todo caso como valor real o precio cierto, en el caso de la subasta notarial no cabe atribuir esa cualidad y no hay obstáculo a que mediante la comprobación administrativa se determine el valor de mercado del bien.

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No solicitar el concurso en plazo tiene consecuencias para el administrador social

El crédito contra el administrador social declarado en concurso, que responde solidariamente de las obligaciones sociales con base en el artículo 367 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), por una condena en costas impuesta a la sociedad administrada con posterioridad a la declaración en concurso del administrador social, es crédito contra la masa. Continuar leyendo “No solicitar el concurso en plazo tiene consecuencias para el administrador social”

La derivación de responsabilidad procede si existe causa de disolución, no por incurrir en una situación de insolvencia

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de los de Barcelona, en su Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2017, anula la derivación de responsabilidad acordada por la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante la TGSS) por no haber presentado concurso de acreedores.

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No se requiere, en fase de liquidación, la autorización de la Junta de Accionistas para proceder a la venta de activos esenciales.

En el BOE, de fecha 20 de diciembre de 2017, se ha publicado la resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado que entiende que “… la apertura de la liquidación, no sólo faculta sino que impone al órgano de administración la enajenación de los bienes para pagar a los acreedores y repartir el activo social entre los socios…”

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